El gobernador Jorge Capitanich firmó el decreto 1812/2023 que, según entiende, “impulsa la calidad institucional del Estado provincial” y “promueve la transparencia en el funcionamiento de las organizaciones sociales”.
La norma “promueve nuevos requisitos y modificaciones al régimen de transparencia de las fundaciones, asociaciones civiles y otros tipos de organizaciones que faciliten el control y fiscalización del Estado y, sobre todo, que la ciudadanía sepa cuáles son los movimientos de estas instituciones”, describió.
Entre los nuevos requisitos, se excluirá a deudores alimentarios, violentos, que tengan deudas con el Tribunal de Cuenteas, o que tengan fondos públicos pendientes de rendición.
“No queremos y vamos a impedir que sea utilizado como un factor de extorsión para que grupos ideológicamente exacerbados pretendan eliminar cualquier política pública que promueva la inclusión, equidad social y la distribución de ingresos en la comunidad”, dijo, una cuestión históricamente denunciada por sectores opositores que nunca encontraron eco en su gobierno.
“Escuchamos lo que el pueblo pide”, admitió, en obvia alusión al último resultado electoral adverso para el interés de su Frente Chaqueño, sumado al reclamo de “justicia por Cecilia”, el caso que conmueve al país, por el que están detenidos los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, aliados suyos y exprecandidatos oficialistas, lídees del Movimiento Socialista Emerenciano, de Mujeres al Frente y del Partido Socialistas Unidos por el Chaco.
La causa tiene otros 5 detenidos: César Sena, hijo de estos y pareja de Cecilia, y 4 empleados de la familia Sena: Gustavo Obregón y Fabiana González, también precandidatos del Frente Chaqueño, y Gustavo Melgarejo y Griselda Reynoso, puesteros de la chanchería donde habrían sido descartados los restos de la joven que en este momento analizan peritos del Poder Judicial de Córdoba.
Las críticas el giro discrecional de fondos públicos desde el Gobierno hacia las fundaciones, asociaciones, cooperativas y otro tipo de organizaciones de los grupos piqueteros, se agigantaron tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski.
El gobernador se adelantó a la Justicia con la intervención de la Fundación Doctor Andrés Saúl Acuña, comandada por Sena y Acuña, para tomar el control de la contabilidad, y anunció que la disolverá al finalizar la auditoría.
Paralelamente, se supo que otras fundaciones y cooperativas fueron sometidas al mismo proceso, pero estas medidas en vez de generar confianza, como pretende el Gobierno, produce un efecto contrario ya que el común de la gente cree que “quieren tapar todo”.
