El Gobierno provincial tomó posesión este lunes de 60 hectáreas en Costa Iné y Margarita Belén, cedidas por la gestión de Jorge Capitanich al dirigente piquetero Carlos Barraza, ahora detenido por fraude contra la administración pública, entre otros cargos vinculados al manejo de recursos públicos asignados a su organización.
El gobernador Leandro Zdero participó del procedimiento y describió “una inversión millonaria del Estado en materia de infraestructura y servicios que cualquier productor agropecuario desearía y necesita, pero que el gobierno anterior le regaló a sus socios piqueteros”.
Para describir el panorama, dijo que 5 viviendas financiadas por el Iafep y que debían ser destinadas a familias en condiciones de vulnerabilidad, eran utilizadas como chiquero de cerdos.
“Esto no termina acá”, dijo asegurar que la investigación continuará hasta sacar a la luz la tramade complicidad montada desde la función pública para favorecer a estos sectores.
Paralelamente, dijo haber instruido a las autoridades del Ipduv y del Instituto de Tierras Fiscales, las acciones necesarias para recuperar “todos los inmuebles otorgados irregularmente con la excusa de fomentar la producción pero que en realidad eran para enriquecer a sus socios políticos”.
En esa dirección avanza la investigación de los beneficios obtenidos por los hermanos Romina y Federico Palacio, dirigentes sociales y empleados de Sameep. “Cuando creemos que el nivel de obscenidad al que llegaron es insuperable, nos llevamos otra sorpresa”, remató.
