El interbloque de diputados Juntos por el Cambio impulsan un proyecto de resolución solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación la intervención federal de la Universidad Nacional del Chaco Austral, a raíz de los hechos de corrupción que terminaron en la condena a prisión del ex rector Omar Vicente Judis y los que investiga la Justicia Federal ahora y tienen como principal imputado al rector Germán Oestmann.
La iniciativa lleva la firma de Doris Arkwright, Laura Bisonni, Miguel Blasco, Zulma Galeano, Sebastian Lazzarini, Rodrigo Pavón, Carim Peche, Francisco Romero Castelán, Carlos Salom, Samuel Vargas y Zulema Wannesson.
“Solicitar a la Honorable Cámara de Diputado de la Nación que se disponga la intervención federal de la Universidad Nacional del Chaco Austral conforme lo establecido por el artículo 30° de la Ley 24.521 de Educación Superior, a fin de posibilitar su normal y pleno funcionamiento institucional y garantizar el cumplimiento de la mencionada ley, debido a los graves acontecimiento que está atravesando la alta casa de estudios que son de conocimiento público (Causa: “IMPUTADO: OESTMANN, GERMAN EDUARDO Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB. FUNC. PUBL. (ART.248), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.260), NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), INFRACCION ART. 303 y ASOCIACION ILICITA”, Expediente FRE N° 2926/2023)”, expresa el proyecto.
Al fundamentar el planteo, los legisladores señalan que “pese a que en cumplimiento de sus funciones básicas la UNCAUS debió formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas de la sociedad y a los requerimientos nacionales, regionales e internacionales, diversos hechos de corrupción perpetrados por quienes revestían la más alta responsabilidad institucional de la institución académica han impedido su normal funcionamiento y desarrollo, y continúan haciéndolo”.
Así se refieren a la decisión del juez federal Aldo Alurralde, de dictar el procesamiento para el rector y otras 17 personas al entender por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos fraude en perjuicio de la administración pública, entendiendo que idearon y forman parte de una trama de fundaciones y empresas conformadas para desviar fondos destinados por el Estado nacional a la Universidad, y apoderarse de ellos.
El juez se expresó en coincidencia con el requerimiento fiscal que señala la existencia de una asociación ilícita que no sólo sucedió a la que liderara en su momento el ya fallecido Omar Judis, sino que fue “perfeccionada” con la adición de nuevas fundaciones y empresas que recibían fondos de manera injustificada por prestaciones innecesarias o incompatibles, transacciones que habrían pretendido diluir apelando a modalidades fuera de todo control.
