En una resolución de casi 400 páginas, el juez federal Aldo Alurralde dictó este miércoles 10 de abril el procesamiento del rector de la UNCAUS: Germán Oestmann, y otras 17 personas, directivos y empleados de la institución educativa y fundaciones vinculadas, empresarios y allegados, en la conocida como Causa UNCAUS 2, derivada de la investigación que terminara en la condena al ya fallecido exrrector Omar Vicente Judis y su hijo Enzo Judis, entre otros, por “malversación de fondos públicos”, todos sindicados como integrantes de una organización ilícita destinada a desviar recursos remitidos por el Estado nacional a la UNCAUS a través de fundaciones y empresas creadas por ellos, a cargo de familiares y allegados.
Para el fiscal, tras la salida de Judis y la asunción de Oestmann como rector, en 2018, la empresa siguió adelante. Y apunta a la relación que existía entre Oestmann y Omar y Enzo Judis, a quienes representó como abogado, su amistad con este último, su rol de secretario de Actas del Consejo Superior Universitario en el período anterior.
Destaca la “diversificación” de la actividad en esta nueva etapa, en la que surgen más fundaciones y advierte la comisión de otros delitos, entre ellos lavado de activos, y la aparición de nuevos actores que se suman a los “sucesores” del tiempo de Judis y la Fundación UNCAUS y Educación para Todos.
Para el fiscal no hay dudas de que los investigados actuaron ilegalmente bajo el paraguas de la UNCAUS a través de la Fundación Educación para Todos y la Fundación UNCAUS, que continuaron funcionando, más las nuevas Fundación Sin Dolor y Fundación Recursos Naturales, y de la empresa Septiembre SA.
Al describir la trama el juez adhiere al planteo de que la UNCAUS firmaba convenios con estas fundaciones para evitar o al menos dificultar los controles del Estado sobre el manejo de fondos.
Estas organizaciones no tenían espacio físico y estructura propia, sino que funcionaban dentro mismo de la UNCAUS, utilizando oficinas, personal y docentes de la misma. Pero actuaban como instituciones privadas, ya que aunque estaban destinadas a colaborar con la Universidad, cobraban por sus servicios a pesar de estar comprendidas en el mismo presupuesto.
La investigación advirtió la triangulación de fondos a través de transferencias entre las fundaciones y hasta con algunos de los implicados que integraban una fundación y facturaban servicios a otras. Muchas de estas operaciones no tenían respaldos administrativos o estos eran deficientes, y, además, los balances de las fundaciones estaban auditados por los contadores de otra, por lo que el contralor era recíproco.
“Las Fundaciones eran las personas jurídicas ideales para triangular dinero, ya que se rigen por un régimen legal distinto, no les es aplicable la Ley de Educación Superior, no cuentan con controles de su gestión por parte del Estado Nacional, a través de sus diferentes organismos como la SIGEN, AGEN o Ministerio de Educación, no son objeto de auditorías, se encuentran exentas en materia impositiva, entre otros beneficios”, dice el juez, apelando al antecedente de la causa que terminó en la condena a Judis.
Por esto, dictó el procesamiento sin prisión preventiva para el rector de la UNCAUS: Germán Oestmann, y los secretarios administrativos: Luis Pugacz y Lugas Stegagnini, la directora de la Unidad Médico Educativa: Natalia Judis; los presidentes de la Fundación UNCAUS: Manuel Ricardone y Jorge Alcántara, el vicepresidente José Yarros, el vocal Cristian Vizgarra, y los tesoreros Marcelo Marinich y Sandra Bondar; y a los directivos de la Fundación Recursos Naturales y empleados de la UNCAUS: Juan Domínguez, Jonatan Gal, Dora Loto y Pedro Mijalec, todos por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, y asociación ilícita.
Y procesó al delegado rectoral, fundador de la Fundación Sin Dolor, director de la empresa Septiembre SA y director de la ISSUNCAUS: Juan Marcelo Sang, y al cotitular de la cuenta bancaria de la obra social y contador de Septiembre SA y de la Fundación Educación Para Todos: Ricardo Salín; a María Del Giorgio, presidente de la Fundación Educación Para Todos, cargo que también ocupara Alcántara; y la vicepresidente de la Fundación UNCAUS: Carla Palacios, todos por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y asociación ilícita.
Y finalmente dictó la falta de mérito para Mario Nadelman, Funcionario de la UNCAUS investigado por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y lavado de activos, en concurso real, más asociación ilícita en calidad de partícipe necesario. Esto, sin perjuicio de continuar la investigación.
El juez disputo informar esta situación al Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, al Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, para que adopten las medias que resulten pertinentes.
La resolución se completa con la orden de trabar embargo por 100 millones de pesos a cada uno de los procesados, a los que también prohibió salir del país y conminó a presentarse ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el primer día hábil de cada mes como expresión de estar a derecho.
