El resultado adverso del Frente Chaqueño en las Paso del 18 de junio llevó al gobernador Jorge Capitanich a encarar una agenda de reuniones con vecinos en los barrios del Gran Resistencia y las principales ciudades de la provincia para relevar las principales demandas de la sociedad.
Esto le permitió llegar rápidamente a la conclusión de que la inseguridad no sólo sigue siendo una materia pendiente, sino que continúa creciendo a pesar de la publicidad oficial sobre la “histórica inversión” y presentarse él mismo como “el único que hizo algo” en la materia.
Rápidamente reunió a los jefes policiales del Gran Resistencia y las Zonas Interior para definir “un plan de seguridad”.
La conclusión ya fue presentada este jueves desde Presidencia Roque Sáenz Peña, con actos simultáneos en Resistencia, Barranqueras y Fontana.
“La gente pide más comisarías, pero no podemos construir más comisarías”, admitió, y alegó que “eso significaría menos policías para intervención en el territorio”, dejando en claro que no habrá más incorporaciones a la fuerza más allá de las 350 que ya habían sido anunciadas, las primeras de su tercer gobierno.
Para suplir esto, se implementará una “comisaría virtual”, como denominó a una aplicación para dispositivos con conexión a Internet, donde los usuarios podrán realizar denuncias de manera remota.
Según su entender, esto evitará a los vecinos víctimas de la delincuencia, la molestia de tener que desplazarse hasta una comisaría para formalizar su denuncia presencialmente.
La aplicación estará disponible desde el 1 de agosto y habrá una instancia experimental que serviría para hacer ajustes al sistema.
Capitanich entiende que así podrían recabarse más denuncias que las que se realizan actualmente, pero a pesar de eso promete respuesta inmediata y calcula que los escasos recursos humanos y logísticos con que cuenta la Policía actualmente, serán suficientes.
Por las dudas, apuntó a la necesidad de optimizar el personal, por ejemplo, retirando efectivos de los eventos públicos como partidos de fútbol y recitales. “El organizador tiene que hacerse cargo y pagar la seguridad de sus espectáculos”, dijo, algo que ya sucede hoy con la contratación del “servicio adicional” que genera ingresos para la Policía.
