El gobernador Jorge Capitanich atribuyó los episodios de violencia en Misión Nueva Pompeya la última semana a una operación política de actores que utilizaron las redes sociales para promover el caos.
El clima comenzó a alterarse cuando la Guardia Washek secuestró 4 camionetas del Ministerio de Salud de la Nación y una ambulancia del Ministerio de Salud de la Provincia en un piquete en El Sauzalito.
Esto avivó una protesta en Misión Nueva Pompeya, sitiada por cortes de ruta de familiares de Salustiano Giménez, un adolescente desaparecido el 12 de febrero, que exigían que la Policía retomara la búsqueda.
Para él, se trató de “grupos movidos por un interés político para generar caos y estrépito social” y calificó los hechos como “sedición”, endilgándole responsabilidad a sectores políticos, medios, jueces y fiscales, amparados en las redes.
“Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Pretendo propiciar una comisión de investigación especial de estos episodios, para que exista una investigación imparcial y objetiva”, dijo e informó que el Poder Ejecutivo se constituirá como querellante en la causa ya iniciada, “con el objetivo de investigar las acciones sufridas por cada uno de los policías y el perjuicio que eso tiene”.
“¿Por qué hablo del delito de sedición? Porque he observado operación política, trabajo en redes, viralización, con el claro objetivo de generar un perjuicio. Conozco demasiado este oficio, conozco demasiado el sistema de información y cómo se manejan y voy a ir hasta el fondo, porque no voy a permitir que este tipo de hechos sucedan inexorablemente”, agregó. Y adelantó que impulsará una comisión legislativa especial para investigar a fondo estos episodios: “Queremos que la Legislatura acompañe la investigación para ver efectivamente quiénes respondían a la orden de cada cual en el territorio, todo eso se tiene que esclarecer”, dijo.
Operaciones nacionales
Después de hablar de las “operaciones políticas” en la provincia, Capitanich también vio “operaciones” a nivel nacional: “Percibo que actúan ciertos fiscales y ciertos jueces con una estrategia política, que es todo el tiempo desgastar la gestión de gobierno, provocar el caos e inducir a conflictos”, e insistió: “Eso necesita que la Cámara de Diputados, en donde están todos los representantes del pueblo, lo puedan investigar hasta las últimas consecuencias”.
Juicio político por todo
“También es necesario ver si la conducta de los fiscales y jueces es compatible con el estado de derecho y obviamente con la resolución del problema o, si no, que se los someta al jury de enjuiciamiento correspondiente o al juicio político si se trata. Cada cual tiene que asumir la responsabilidad de los hechos porque, si no, es muy fácil hacer esto y echarle la culpa a cualquiera”, expresó.