La jueza María Belén López Macé, al frente del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a instancias del fiscal Carlos Amad, dictó el procesamiento del intendente de Taco Pozo: Carlos “Chivo” Ibáñez, sindicado como el responsable de una organización destinada a obtener pensiones no contributivas por discapacidad, otorgadas por el Gobierno nacional, sin cumplir con los requisitos correspondientes.
“Fraude en perjuicio de la Administración Pública”, “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “asociación ilícita” son los cargos achacados por el momento a Ibáñez, histórico dirigente peronista que se desempeña como intendente por sexto mandato consecutivo.
El fiscal entiende que Ibáñez designaba personal en el Centro de Atención Digital (CAD), especialmente capacitado para direccionar los beneficios sociales a personas que no reunían los requisitos, y se cree que muchos de los beneficiarios ni siquiera recibían el dinero de la pensión sino una suerte de “comisión” por “prestar el nombre”.
En el mismo sentido, fueron imputados la hija del intendente: Gabriela Ibáñez Gelabert, Marcos Rojas y empleados municipales.
En la investigación se señala el uso político que Ibáñez y su gestión hacían del otorgamiento de estas pensiones, subrayándolo como un mérito de su gestión.
En otra escala, a nivel provincial, el exgobernador Jorge Capitanich también presenta la gran cantidad de pensiones asignadas en Chaco como un éxito de su administración y define estos beneficios como “ingreso familiar”.
Más causas
Ibáñez también fue procesado oportunamente por presunto lavado de activos, y enfrente, además, otra investigación vinculada a los desmontes ilegales.
