Secheep pide plata prestada para pagar la deuda que dejó Capitanich

Los diputados que siguen al exgobernador Capitanich impulsan una ley para elimniar el programa Chaco Subsidia.

En diciembre de 2022 el entonces gobernador Jorge Capitanich y su ministro de Planificación, Economía e Infraestructura: Santiago Pérez Pons, anunciaron una “exitosa gestión” ante el Gobierno nacional para refinanciar la deuda que Secheep acumulaba con la proveedora de energía Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa).

La deuda era producto del abandono del plan de pago acordado por la gestión de su antecesor y partidario: Domingo Peppo, y no haber abonado Secheep las facturas mensuales desde el inicio de su tercer gobierno.

La renegociación, que no fue producto de la gestión de Capitanich sino una imposición del Ministerio de Economía de la Nación que encabezaba Sergio Massa, llevó la deuda de 33 mil millones de pesos, a 128 mil millones de pesos a abonar en 8 años a partir de febrero de 2024, y las actualizaciones, según precisaron las actuales autoridades, ya la llevaron a más de 310 mil millones.

Entonces la Provincia aseguró que Secheep abonaría en tiempo y forma sus facturas mensuales, pero no lo hizo. Por lo que el Gobierno nacional volvió a la carga y obligó a los Gobiernos provinciales, entre ellos el de Chaco, como fiadores solidarios, a responder con fondos de coparticipación, con recortes automáticos, ante cada incumplimiento de la empresa. “Secheep yo no tiene deudas, ahora la deuda es del Tesoro provincial”, había admitido Pérez Pons en una entrevista en el canal Norte Grande Federal.

Al parecer, las cuentas de Secheep no permiten hacer frente al próximo vencimiento. Así se deduce de la presentación del Directorio de Secheep solicitando al Poder Ejecutivo un préstamo de 5.250 millones de pesos. En respuesta, el gobernador Leandro Zdero decidió girar este monto bajo la denominación de “aporte reintegrable”.

Paralelamente, diputados del Frente Chaqueño, entre ellos el exministro Pérez Pons, presentaron un proyecto de ley para eximir del pago del 60% de las facturas de energía eléctrica y agua potable al comercio y la industria.