El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini denunció este martes ante el procurador general de la Provincia: Jorge Cantero, a personal policial que la noche del lunes detuvo en un procedimiento violento a Emanuel Agudo, un joven con síndrome de Down, en Presidencia Roque Sáenz Peña.
Emanuel regresaba del gimnasio donde practica boxeo a su casa minutos después de las 20 cuando fue interceptado por un patrullero con 3 efectivos policiales: 2 hombres y una mujer. Al verlos, sintió temor y comenzó a correr, fue perseguido y atrapado, y ascendido al móvil por la fuerza.
Su madre dijo que sólo llevaba una mochila con una botella de agua, una toalla pequeña y papel higiénico. Una vecina que fue testigo del abuso policial describió que cuando le dieron alcance lo pisaron y patearon, y le torcieron el brazo.
El padre de Emanuel pidió explicaciones a los policías pero no obtuvo respuesta, e insistió infructuosamente en que lo liberaran. Por eso acudieron a la Comisaría Cuarta, con responsabilidad en la zona, pero tampoco fueron atendidos.
Para el fiscal Sabadini, que también es padre de una jovencita con Trisonomía 21, el procedimiento derivó en la comisión de delitos como “lesiones leves agravadas por la calidad de miembro de una fuerza policial (art. 92 en función del art. 89 del Código Penal); y “abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal)”.
“Los hechos narrados permiten vislumbrar la intolerable realidad de que el ciudadano Emanuel Agudo, ha sido privado absolutamente de los derechos y garantías que ostenta como ciudadano; que la afectación de dichos derechos habría sido perpetrada, justamente, por los funcionarios encargados de protegerlos”, señaló.
Y también mencionó la Ley 23.592, sobre “Actos discriminatorios”, que prevé que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados (…)”.
En este marco requirió que el hecho sea investigado y enumeró una serie de requerimientos al procurador, como la identificación de los policías cuyo accionar cuestiona; que convoque a prestar declaración a los padres de Emanuel; que se solicite a los vecinos grabaciones de las cámaras de seguridad que pudieron registrar el hecho; que los policías, una vez identificados fehacientemente, sean examinados por profesionales de salud mental; y solicite al Iprodich la contención y asistencia a Emanuel y su familia.
