Sebastián Ponce de León, de 35 años, fue detenido en enero de 2019 acusado de violencia de género por su expareja. El procedimiento estuvo a cargo de una comisión de la Comisaría Primera de Barranqueras, integrada por el sargento Carlos Rodríguez y los agentes Cristian Chamorro y Sebastián Romero.
Cuando ingresó a la comisaría presentaba múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo, y unas horas después debió ser trasladado al hospital Perrando, de Resistencia, donde murió al cabo de 10 días por una serie de complicaciones, principalmete una falla renal severa.
Por esto: Rodríguez, Chamorro y Romero fueron imputados de tortura seguida de muerte y juzgado por un jurado popular. Además de la familia de Ponce de León, se constituyeron como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, y oros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Los abogados de los policías dijeron que cuando arribaron a su casa de la avenida 9 de Julio, él golpeaba a su expareja y de ésta, y que un tercero que no pudieron determinar si se trataba de un vecino o un transeúnte, saltó la reja y lo golpeó en defensa de las mujeres. Y que ya reincorporada, su excuñada le pegó con una silla para defender a su hermana.
La querella dijo que Ponce de León no ofreció resistencia pero que los policías actuaron violentamente, que lo golpearon a bordo del patrullero a lo largo de los aproximadamente 8 kilómetros que separan el lugar de detención hasta la División Medicina Legal de la Policía, en Resistencia, y que la tortura continuó cuando fue trasladado desde ahí hasta la Comisaría Primera de Barranqueras.
Así, el debate giró en torno a quién le propinó a Ponce de León la golpiza, y si la muerte se debió, efectivamente, a las lesiones sufridas en el momento de su detención o por alguna otra razón como una patología preexistente.
Como conclusión, el jurado declaró “no culpables” a los policías involucrados.
