El 5 de abril la Legislatura votó por amplia mayoría una ley destinada a controlar el uso de teléfonos y dispositivos móviles por parte de los reclusos de todas las unidades de detención en la provincia.
La norma fue inspirada en la creciente ola de delitos de modalidad “virtual” cometidos por detenidos desde las propias cárceles en todo el país, incluidas alcaidías y comisarías chaqueñas, desde secuestros virtuales hasta la administración de bandas narcos.
El proyecto, de autoría del radical Livio Gutiérrez, iba en el mismo sentido que uno similar presentado por el peronista Oscar Mateo Raffín en 2008 y que aún no había sido tratado.
De acuerdo a la ley, el Ministerio de Seguridad y Justicia debería instalar inhibidores de señal para impedir las comunicaciones y contactos de Internet fuera del control del personal penitenciario, e instalar líneas fijas que alerten al interlocutor sobre el lugar de origen de la llamada.
Para garantizar la comunicación con familiares y la posibilidad de estudiar y sociabilizar telefónicamente y a través de las redes, el Servicio Penitenciario debería disponer de conexión, aparatos y ámbitos acotados.
Pero la ley fue recientemente vetada por el gobernador Jorge Capitanich, por considerar que restringe libertades de los detenidos y atenta contra sus derechos humanos.
Además, recordó que está vigente la resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia que autoriza a todos los detenidos a contar con teléfonos y todo tipo de dispositivos móviles, los que deben ser registrados por el personal a su ingreso a la institución. Este registro, según su parecer, es suficiente control.
Además, expresó que periódicamente se brindan capacitaciones a los presos sobre el buen uso de los aparatos de comunicación y las sanciones previstas para quienes violen las normas o cometan delitos valiéndose de ellos.
El veto de Capitanich propone una nueva redacción dejando el control de las comunicaciones de los detenidos a la autoridad de aplicación: el Ministerio de Seguridad, de acuerdo a la norma que autoriza el uso libre de teléfonos celulares propios a los reclusos y manda proveerle aparatos a quienes no posean uno.
Ahora la Legislatura tendrá que aceptar o rechazar el veto con el voto de 2 tercios de los legisladores. La norma podría ser ratificada, teniendo en cuenta que fue aprobada por 23 diputados, hubo 3 votos en contra y 2 abstenciones en una sesión de la que participaron 28 de los 32 integrantes del cuerpo.
