La Legislatura chaqueña convirtió en ley un proyecto del diputado radical Livio Gutiérrez para restringir el uso de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación a personas detenidas en unidades de la Policía y del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de toda la provincia.
La iniciativa llevaba un buen tiempo en comisiones y volvió a cobrar impulso recientemente por la proliferación de los delitos cometidos desde las cárceles en todo el país, y varios episodios recientemente registrados en comisarías y alcaidías en Chaco.
En mayo de 2022 el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, autorizó la tenencia de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles a los detenidos. Para eso abrió un registro en el que los detenidos debían declarar la tenencia del aparato, y en caso de que no contar con uno, las autoridades del centro de detención debían proveerle uno. La decisión fue tomada para garantizar la sociabilización, el acceso a la educación y los vínculos con sus familiares. Para completar el esquema, debían contar además con conectividad.
Esto generó la reacción de diversos sectores de la sociedad, incluidos los legisladores opositores, que alertaron sobre el incremento de delitos “virtuales” cometidos por reclusos, incluso vinculados al narcotráfico.
En su exposición en el recinto, Gutiérrez recordó que la primera iniciativa sobre la cuestión surgió del diputado peronista Oscar Mateo Raffín, que perdió estado parlamentario por la falta de interés del resto del cuerpo.
Aquel proyecto ameritaba actualizaciones para abarcar los adelantos tecnológicos.
El legislador accedió a remplazar “prohibir” por “restringir”, para garantizar el derecho a la comunicación y el acceso a la educación a distancia de los detenidos, algo que era cuestionado por la bancada oficialista.
De todos modos, dijo que la norma no viola ningún derecho, como ocurre por el mal estado de las cárceles y comisarías, y el hacinamiento, entre otros aspectos vulnerados, sin que el Gobierno reparara esa vulneración.
Cuando la ley entre en vigor, el Estado deberá garantizar la comunicación desde aparatos identificados y los espacios para estudio con conectividad y computadoas que, por otra parte, se supone que ya existen.
Amplio respaldo
La ley fue sancionada con 23 votos de los bloques de la UCR, del Frente Integrador y POR Chaco, más 8 del Frente de Todos.
Sólo se opusieron los coquistas Claudia Panzardi y Rodrigo Ocampo, y Tere Cubells, del Frente Grande. Mariela Quirós y Nicolás Slimel, también oficialistas, se abstuvieron.
