La mañana del domingo decenas de personas usurparon 230 viviendas en construcción del Programa Municipal de Viviendas en el barrio La Salada, de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Tras la denuncia de las autoridades municipales, el fiscal Marcelo Soto instruyó al jefe de la Comisaría Quinta adoptar medidas para impedir la ocupación o evitar el agravamiento de la situación.
El comisario respondió que no contaba con los medios necesarios y que había pedido refuerzos pero cuando arribó una comisión de Infantería el número de intrusos se había multiplicado y los efectivos volvieron a quedar en inferioridad de condiciones.
Durante la tarde y la noche del domingo funcionarios provinciales intentaron infructuosamente persuadir a los usurpadores para que abandonaran el lugar.
Por esto, recién la mañana de este lunes, con un número mayor de policías de distintas unidades, incluidos montados y de Infantería, se desplegó un megaoperativo que intimó al desalojo de cada una de las viviendas.
La mayoría aceptó retirarse del lugar mientras otros resistieron pero fueron desalojados de todos modos. Hubo escarceos con varios lesionados y hubo 19 detenidos.
Los mismos usurpadores
Según pudo indagar la Policía, esta usurpación fue protagonizada por las mismas personas que desde noviembre del año pasado usurpan un terreno de varias hectáreas sobre la ruta nacional 95, propiedad de la familia Trangoni.
En febrero pasado, el gobernador Jorge Capitanich visitó el “asentamiento Trangoni”, como lo llamó, y prometió “soluciones” a los intrusos, según él mismo difundió en las redes sociales.
La Justicia, a instancias el mismo fiscal Soto, había librado días atrás la orden de desalojo pero la misma no pudo llevarse a cabo por la imposibilidad de la Policía de montar un operativo de esas características. Por lo que la medida debió posponerse y el fiscal aguardaba la respuesta de la fuerza para cumplirla.
Finalmente, tras el desalojo de las viviendas, y aprovechando el importante despliegue policial, Soto planteó al jefe de la fuerza: Ariel Acuña, la posibilidad de desalojar también el campo Trangoni. Y así se hizo.
Al cabo de sendas intervenciones, las viviendas fueron restituidas a la Municipalidad de Sáenz Peña, y el campo a sus propietarios.