A mediados de enero, el intendente de Margarita Belén: Javier Martínez, decidió tomar y adjudicar discrecionalmente un complejo de 32 viviendas inconclusas, cuya construcción fue paralizada a mediados de 2023 con un avance aproximado del 50%.
La obra, iniciada en 2022, corresponde a los programas nacionales Casa Propia-Casa Activa, ejecutadas por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, y están destinadas a personas de la tercera edad, que la recibirían en comodato, administradas por el Pami. Y además de las casas cuanta con un centro de día y espacios para actividades comunes.
El intendente conformó una lista de adjudicatarios y las entregó en el marco del Plan Municipal de Acceso a la Vivienda. Y al justificar su decisión, alegó que “la gente necesita una vivienda”, y dio por descontado que los beneficiarios terminarían de construirlas con sus propios recursos.
Inmediatamente, el Ipduv inició una demanda por lo que considera una usurpación y la Justicia dictó una serie de medidas algunas de las cuales no pudieron cumplirse por un curioso detalle: la dirección de la obra ofrecida por el organismo no existía.
Pero indagando en la cuestión, se supo que la Municipalidad había modificado la denominación catastral, aparentemente, para desviar la persecución judicial.
No obstante, este miércoles se realizó la constatación prevista y los funcionarios pudieron comprobar que 27 de las 32 casas entregadas por Martínez siguen ocupadas, mientras las otras están libres. Se cree que el paso siguiente será el desalojo y la restitución de la obra a la Provincia para su conclusión, como sucedió con un complejo similar en Presidencia Roque Sáenz Peña, que ya fue concluido.
