El diputado nacional peronista Aldo Leiva convocó el último sábado a decenas de personas a una “reunión” en el predio en el que se construyen 238 viviendas, en General San Martín.
Se trata de las unidades financiadas por 2 programas nacionales que, según se informó en su momento, fueron “entregadas por el gobernador Jorge Capitanich” el 1 de diciembre de 2023, una semana antes de dejar el Gobierno. Pero las casas no fueron ocupadas ya que la obra se había paralizado varios meses antes y no estaban concluidas, y el complejo no contaba con redes de energía eléctrica ni de agua potable, y también estaba incompleta la urbanización.
Recientemente el gobernador Leandro Zdero anunció la reactivación de la obra con fondos provinciales y que cuando esté confirmada la fecha de conclusión, serán adjudicadas por sorteo, para lo que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y vivienda solicitará la actualización de la documentación a los aspirantes.
Leiva convocó a los adjudicatarios de la nómina definida en 2023 y en grupos de WhatsApp se alentaba a la ocupación.
Esto motivó el despliegue de un operativo policial que impidió el ingreso de los manifestantes, excepto al legislador que burló el cerco e ingresó en soledad, de todos modos. Antes, el presidente del Ipduv: Fernando Berecoechea, le había informado que la empresa tiene el control del lugar hasta la entrega formal a la Provincia.
Tras este episodio, Leiva definió una serie de puntos en los que adelantó que su hijo, el intendente Mauro Leiva, abrirá una instancia de “negociación con el Gobernador”, aunque no precisó con qué objetivo.
El anuncio más trascendente fue la confirmación de que desde el próximo sábado volverá “organizadamente” con los “adjudicatarios” a ponerle nombre y apellido del titular a cada uno de las 238 casas que entiende que “legítimamente les corresponde”. Aunque aclaró que lo harán sin violentar nada, remarcó que no permitirá que vuelvan a impedirle el ingreso a la obra.
