El senador Jorge Capitanich, 3 veces gobernador de la provincia, cuestionó el pedido de procesamiento presentado el último jueves por el fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña: Carlos Amad, solicitado su procesamiento en la causa en la que se investigan posibles hechos de corrupción en la adjudicación de tierras fiscales durante su tercer mandato a través del Instituto de Colonización. El expediente se inició tras una denuncia de Ana María Canata, actual titular del organismo.
El fiscal cree que durante el gobierno de Capitanich se montó un entramado a través del cual se adjudicaron tierras, autorizaron desmontes y otorgaron beneficios impositivos a personas y empresas de manera irregular.
También solicitó el procesamiento de Marta Soneira, que entonces se desempeñara como máxima autoridad del ámbito en el que tuvieron lugar las gestiones investigadas: como presidente del Instituto de Colonización y simultáneamente como secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, después como ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, funciones que considera incompatible.
Paralelamente y en el mismo sentido, avanza otra causa impulsada por el fiscal federal de Resistencia: Patricio Sabadini, que también apunta a Capitanich y Soneira por el otorgamiento de tierras, sin fundamento, al dirigente piquetero Tito López, hoy detenido y enjuiciado junto a su esposa y sus 3 hijos por presunto lavado de dinero que su organización: el MTD 17 de Julio, recibió durante la misma gestión, y maniobras con las tierras obtenidas.
“¿Dónde están Capitanich y la Soneira, y todos los funcionarios del gobierno anterior que tenían que estar en cana conmigo?”, preguntó López en la sala de audiencias, en una improvisada conferencia de prensa.
El avance de las causas no le cayó en gracia a Capitanich, que contestó encolerizado las preguntas de la prensa sobre el tema: “Tito López y ustedes pueden decir lo que quieran. No me importa”, dijo, y añadió que él, como gobernador, y sus gobiernos, fueron “los mejores” y que siempre gobernó “de manera transparente y ajustado a derecho”.
Por eso, acusó a la Justicia Federal de “inventar causas y expedientes por presión política”.
Para el fiscal Amad, Capitanich incurrió en “fraude en perjuicio de la administración pública”, lavado de activos de origen delictivo agravado por ser cometidos con habitualidad como parte de una banda y por ser funcionarios público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos», todos en calidad de autor, en concurso real.
A Soneira, le achaca además “negociaciones incompatibles con la función pública”, por los beneficios otorgados a su esposo: Mauricio Cian, y a Federico Storti, Nelson Pochón y Leandro Bessone, sus socios en las compañías Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL, beneficiadas con las operaciones investigadas, todos incluidos en el auto de procesamiento de Amad.
