El escándalo desatado por las inversiones fallidas en la Bolsa de Comercio del Chaco que causaron pérdidas por más de 1.300 millones a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, derivó en varias causas judiciales.
El intendente Bruno Cipolini denunció a la Bolsa por estafa, aduciendo que expuso fondos de la Municipalidad en inversiones de riesgo no garantizadas, sin las autorizaciones correspondientes para operar por fuera del segmento “conservador”.
Como respuesta, la bolsa apuntó al secretario de Gobierno de Sáenz Peña: Diego Landriscina, al que señaló como el único agente autorizado a operar las cuentas de la Municipalidad.
Paralelamente a la demanda penal, Cipolini planteó una acción de amparo solicitando la restitución de los fondos en cuestión y, como medida cautelar, un embargo que garantice el cumplimiento de este fin.
En este caso, el juez Carlos De Césare entendió, prima facie, válido el planteo de la Municipalidad, y dispuso trabar embargo a la Bolsa de Comercio por 1-350.493.646,48 pesos, en concepto del capital reclamado, más 540.197.458,59 pesos en concepto de intereses y costas.
Por otro lado, en el expediente abierto tras la denuncia del diputado Santiago Pérez Pons y concejales del Partido Justicialista contra la Municipalidad por una presunta malversación de fondos, el fiscal Marcelo Soto solicitó informes a la Bolsa de Comercio, al Concejo Municipal de Sáenz Peña, a la secretaría de Economía de la Municipalidad, al Nuevo Banco del Chaco y al Tribunal de Cuentas.
El fiscal dijo que la Bolsa respondió parcialmente el requerimiento, amparándose en la vigencia del secreto bursátil, por lo que optó por solicitar el levantamiento del mismo, para obtener el resto de la información.
En el capítulo siguiente, el gerente general de la Bolsa de Comercio: Julio Barrios Cima se presentó ante la Justicia Federal, aseverando estar a derecho, y solicitando ejercer su derecho a defensa, presentó abogado y se adelantó a cualquier posible definición pidiendo permanecer en libertad mientras se sustancia la investigación.
Además, la Bolsa reaccionó al embargo dictado por De Césare y antes de ser notificada del mismo, depositó el monto indicado en la resolución del juez como “muestra de buena voluntad”, aunque subrayó que el reclamo es sustancialmente superior al monto que podría haber sido afectado. Lo hizo aclarando que se trata de “fondos propios, no de inversores”. Buscó así evitar que la medida se ejecute directamente sobre sus cuentas después de que el juez notificara su cecisión al Banco Central de la República Argentina.
