El fiscal federal Martín Amad, investiga la presunta adjudicación de tierras fiscales de manera irregular durante el gobierno de Jorge Capitanich por el que éste y la exministra de Ambiente y titular del Instituto de Colonización: Marta Soneira, y otras 4 personas, fueron recientemente procesados por el juez federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña: Raúl Carbajal.
Amad celebró el procesamiento pero admitió un “sabor a poco”, ya que el magistrado desestimó la hipótesis del lavado de activos producto de las maniobras de adjudicación. Dijo que, para el juez, no está demostrado el lavado. Pero aclaró que “la demostración tiene que darse en juicio”, que en esta instancia alcanza con el material probatorio para avanzar con el proceso.
Por esto, dijo que no tiene dudas de que ese era el fin de los fondos obtenidos con las operaciones irregulares, e insistirá ante la Cámara la incorporación del delito de lavado al proceso.
En el mismo tono, relativizó la excusa de Capitanich, que redujo su intervención a la simple firma de los decretos, alegando que antes de eso intervenían varios estamentos de contralor.
Para Amad, en cambio, el rol de Capitanich fue clave, tanto como el de Soneira, ya que sin su firma nada de lo investigado hubiera ocurrido. “Era la máxima autoridad de la provincia, y no pude desentenderse de su responsabilidad: si hubiera detectado alguna irregularidad, la hubiera investigado en su momento”, dijo, pero, en cambio, todo siguió adelante.
Y sobre el paso a paso para la adjudicación, miró con suspicacia que los expedientes objetados no siguieran la rutina del resto sino que fueran gestionados por otras personas, según se desprende de los testimonios brindados por integrantes del personal del ex Instituto de Colonización.
Para él no hay dudas: se trató de un entramado para amañar las adjudicaciones con el objetivo de beneficiarse transfiriendo tierras fiscales a personas y empresas allegadas a la exministra y su pareja.
