Los diputados provinciales Nicolás Slimel y Mariela Quirós denunciaron ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a la titular del Instituto de Tierras Fiscales: María Canata, y al director de Vialidad Provincial: Omar Canela, por la supuesta adjudicación irregular de mil hectáreas en el departamento Almirante Brown.
Acusan a Canata de adjudicar a Canela esas tierras violando la legislación que prohíbe que los funcionarios sean beneficiarios de este tipo de operaciones.
Esta mañana el ministro de Gobierno: Jorge Gómez, y el secretario coordinador de Gabinete: Livio Gutiérrez, junto a otros funcionarios y al mismo Canela, respondieron la imputación, desmintiendo cualquier irregularidad.
Se trata de casi 987 hectáreas adjudicadas en 2011, durante el primer gobierno de Jorge Capitanich, al señor Eloy Gómez. Éste falleció y en el juicio sucesorio, sus herederos transfirieron sus derechos a Canela, que realiza actividades agropecuarias en ese campo desde hace unos 10 años.
En la sentencia de la sucesión de Gómez, en función del acuerdo de sus herederos, el juez ordenó el cambio de titularidad de la adjudicación, lo que fue notificado al Gobierno provincial en septiembre de 2022.
Efectivamente, el oficio ingresó al entonces Instituto de Colonización un año antes del triunfo de Leandro Zdero en primera vuelta frente a Jorge Capitanich, y un año y 3 meses antes de la designación de Canella al frente de Vialidad.
Para completar, el ministro Gómez remarcó que el expediente no fue iniciado por Canela, sino por la Justicia para consolidar la subrogación de los derechos en favor de éste en la sucesión del adjudicatario original.
Cortina de humo
Para los funcionarios, la denuncia de los diputados opositores tiene una motivación estrictamente política: por un lado, apuntada a las elecciones legislativas del próximo domingo, y por otro: generar una distracción para sacar de foco la causa por presuntos hechos de corrupción que enfrentan funcionarios de Capitanich, como la exministra de Ambiente y extitular del Instituto de Colonización: Marta Soneira, por la entrega de tierras fiscales al dirigente piquetero Tito López, hoy detenido, acusado de asociación ilícita y lavado de activos.
