El fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña: Carlos Amad, presentó ante la jueza federal subrogante Ana Belén López Macé, sus conclusiones e la investigación iniciada tras la denuncia de la titular del Instituto de Tierras: Ana María Canata, sobre la cesión presuntamente irregular de tierras durante la última gobernación de Jorge Capitanich.
La denuncia data de abril de 2024 y el fiscal entiende que hay elementos suficientes para imputar al exgobernador y a funcionarios claves en el trámite de la entrega de unas 3600 hectáreas fiscales. Le achaca fraude en perjuicio del Estado y lavado, entre otros cargos, en las operaciones observadas.
Para llegar a esto, observó que las tierras fueron a parar a empresas y personas relacionadas con la extitular del Instituto de Colonización y después ministra de Ambiente: Marta Soneira, las que además recibieron sospechosos beneficios impositivos, y puso en duda no sólo la solvencia de los trámites sino la capacidad económica de los beneficiarios, un detalle clave para abonar las sospechas de lavado.
Como paso siguiente, Amad solicitó la convocatoria a declaración indagatoria de Capitanich y Soneira, y el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los imputados. La lista se completa con la exsubsecretaria de Asuntos Registrales: Sheina Waicman, y Darío Giménez, exdelegado del Instituto de Colonización en Pampa del Infierno, más el empresario Mauricio Cian, exmarido de Soneira, y los hermanos de ésta: Federico y Diego Soneira; y otros empresarios: Federico Storti, Leandro Bessone y Nelson Pochón.
