El defensor del Pueblo: Bernardo Voloj, solicitó una medida cautelar para evitar la inminente suba del aumento en la tarifa de transporte urbano e interurbano de pasajeros a 1.150 pesos en el Gran Resistencia.
El funcionario cuestiona la validez de la audiencia pública que considera que no cumplió su función de informar con precisión el estudio de costos de la tarifa técnica. Para él, la información no fue precisa, y por eso había solicitado que los cálculos sean revisados por un técnico ajeno a las empresas de transporte.
Otro de los reproches está apuntado a la falta de precisión en la cuantificación del monto o porcentaje del impacto de los subsidios provinciales para deducir la tarifa final.
La presentación fue hecha ante el juez Civil y Comercial 21: Julián Benito Flores, que en su carrera ya emitió varios fallos en ese sentido, consintiendo reclamos de la Defensoría del Pueblo durante la gestión de la intendente Aída Ayala, en Resistencia, por la suba del boleto del transporte urbano cuando éste dependía de la Municipalidad.
