Gabriela Casas, la abogada y empleada del Poder Judicial del Chaco, de 42 años, recibió el alta y ya se encuentra en su casa del barrio Provincias Unidas, en la zona oeste de Resistencia, de donde fue retirada el lunes 7 de octubre en un allanamiento ilegal por el Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía.
A más de 10 días del aparatoso operativo, aún no se conoce quién ordenó irrumpir violentamente en la vivienda y llevarse contra su voluntad a Gabriela, tampoco quién instruyó sedarla en medio del procedimiento.
Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Institucional de la Policía inició recién una semana después un sumario para determinar responsabilidades del personal policial que intervino. Según precisó, no hubo orden de allanamiento ni se configuraban las condiciones para irrumpir por la fuerza, además, la fiscal en turno fue consultada al respecto y había ordenado no intervenir pero esto no se cumplió.
El funcionario dijo que sólo había sido librado un oficio tendiente a corroborar el estado de salud de la abogada en el marco de una licencia que había solicitado en la Defensoría General donde se desempeña.
Paralelamente, otra versión apunta a la defensora general Alicia Alcalá como la instructora del procedimiento que terminó en un secuestro, y aseguran que Gabriela había denunciado violencia laboral en el ámbito de la Defensoría.
El procurador general Jorge Canteros dijo que el Ministerio Público Fiscal recién tomó intervención en el caso después del descomunal procedimiento, a partir de las denuncias recibidas por el accionar policial y la internación forzosa.
Este jueves, su hermano Benjamín dijo que ella se encuentra bien, aunque sólo había dialogar muy brevemente con ella porque necesita descansar después de pasar 10 días privada de su libertad en el área de Salud Mental del hospital Perrando.
También dijo que iniciarán las acciones legales pertinentes contra el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Provincia.
