El diputado provincial justicialista Rubén Guillón decidió insistir con la necesidad de detectar el consumo de drogas ilícitas entre quienes desempeñan funciones públicas, un debate que vuelve periódicamente pero que sigue abierto.
El objetivo es instituir de manera obligatoria “exámenes médicos y/o bioquímicos que se estimen convenientes en función de su mayor precisión y efectividad, a fin de acreditar la presencia o no de sustancias ilegales en el organismo” de quienes ejerzan funciones públicas.
Para eso presentó sendos proyectos de ley: uno destinado a “intendentes, intendentas, miembros de los gabinetes municipales, asesores y asesoras, concejales y secretarios y secretarias”, y el otro apuntado al “Poder Ejecutivo incluyendo al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios y subsecretarios; a las autoridades de empresas con participación del Estado, de organismos constitucionales y entes autárquicos; diputados; al Poder Judicial incluyendo a miembros del STJ, procurador general de la Provincia y defensor general de la Provincia”.
Los exámenes deberán realizarse dentro de los 2 primeros meses de vigencia de la ley y deberán repetirse una vez por año.
Los funcionarios a quienes se les compruebe el consumo de drogas ilegales serán conminados a tomar licencia y a realizar un tratamiento de rehabilitación. Los afectados podrán apelar los resultados y requerir una contraprueba.
Al argumentar su idea, Guillón señala la necesidad de garantizar que quienes desempeñen funciones públicas lo hagan sin la incidencia de cualquier tipo de sustancias que pudieran afectar su accionar.
