La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles la declaración de interés público y sujeto a expropiación de un predio destinado al depósito final de residuos sólidos urbanos de Resistencia.
Se trata de un terreno de algo más de 580 hectáreas, contiguo al actual vertedero de María Sara, sobre la ruta provincial 13, en inmediaciones de Colonia Baranda, al sur de la capital provincial.
El proyecto de expropiación había sido presentado en octubre de 2012 por el entonces diputado del bloque UCR NEA: Sergio Vallejos, a instancias del bloque oficialista de concejales de Resistencia, requerido por la entonces intendente Aída Ayala.
En aquel momento el Gobierno provincial encabezado por Jorge Capitanich fue reticente a darle curso al trámite argumentando por un lado que la distancia entre el vertedero y la ciudad era excesiva, y por el otro la falta de estudios de impacto ambiental acordes a la dimensión del proyecto.
Sin embargo, Ayala y sus funcionarios acusaban al Gobierno de intentar afectar la gestión municipal y buscar “tapar de basura” la ciudad con intereses estrictamente políticos, teniendo en cuenta que la intendente se perfilaba como potencial candidata a gobernadora por la oposición.
Llamativamente, el proyecto se convirtió en ley con el voto de los diputados de Juntos por el Cambio, más 6 de los 14 integrantes del coquista Frente Chaqueño: Rodrigo Ocampo, María Pía Chiacchio Cavana, Josefina González, Juan José Bergia, Nicolás Slimel y Atlanto Honcheruk. El peronista Juan Carlos Ayala y el radical Carlos Salom no asistieron.
Sin el aporte del bloque opositor no hubiera sido posible la aprobación, ya que hubo otros 10 votos por la permanencia en cartera del proyecto.
El plan de Capitanich
Durante la intendencia de Capitanich, entre 2015 y 2019, concejales justicialistas, entre ellos el hoy diputado Ocampo, alertaban sobre la situación de colapso del vertedero municipal y la urgencia de hallar otro emplazamiento para el depósito final de residuos.
El proyecto de Capitanich era acercar el basural a la ciudad, contradiciendo las objeciones que había planteado durante la gestión anterior, pero las locaciones propuestas fueron rechazadas por la ANAC, por su proximidad al aeropuerto, y por el propio gobierno de Domingo Peppo por no cumplir con los presupuestos ambientales mínimos.
