El pasado 19 de julio, en vísperas del Día del Amigo, la jueza María de las Mercedes Pereyra concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al dirigente piquetero Carlos Barraza, detenido desde enero, acusado de fraude en perjuicio del Estado.
En la resolución alegó el estado de salud de Barrraza y la necesidad de llevar adelante un tratamiento. Sin embargo, todos los informes médicos aseveraban que la salud del detenido no corría riesgos y podría cumplir el tratamiento en prisión.
Pero a pesar de la ventaja, no alcanzó a mudarse de regreso a su casa, ya que este martes el juez de Garantías 2: Héctor Sandoval, consintió un planteo del Equipo Fiscal que objetó la decisión de Pereyra por entender que no se cumplieron los pasos procesales que el caso amerita.
El juez sintetizó como “graves violaciones al debido proceso” la intervención de su colega, ya que no hubo notificación a las partes ni se abrieron las instancias de oposición pertinentes. También tuvo reproches al aprovechamiento de la habilitación de la feria para un asunto que entiende que no revestía carácter excepcional.
