La fiscalía concluyó su alegato en el juicio de la causa denominada Lavado 2 solicitando condenas de 10 años de prisión para la exintendente de Resistencia: Aída Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales Jacinto Amaro Sampayo, a los que considera jefes de una organización delictiva creada para desviar y apropiarse de fondos públicos a través de la contratación de empresas para la ejecución de obras y la prestsación de servicios.
Para el fiscal Federico Carniel, Aída Ayala es penalmente responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y defraudación a la administración pública.
Los otros imputados también deberían ser condenados, según la óptica del fiscal, que requirió penas de 8 años para los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Martínez, titulares de las empresas implicadas, acusados de defraudación a la administración pública y lavado de dinero agravado.
Para Patricia Vázquez y Rolando Acuña pidió 7 años de cárcel por considerarlos partícipes necesarios de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado. Y 4 años para Eulalio Bouza y 3 años para Fátima Rigassio, esposa de Fischer, acusados de los mismos delitos.
Para Luis Escobar y Diego Martínez Guarino, hijo de Pedro Martínez; Cristian Zapata, Víctor Hugo Quiroz, Enrique Baumwollspinner, Elsa Martínez y la esposa de Sampayo: Mónica Centurión requirió la pena de 3 años de prisión como partícipes secundarios en delitos de defraudación y lavado.
La nómina se completa con el pedido de absolución de Natalia Martínez Guarino, otra hija e Martínez, por el beneficio de la duda.
