Tras las elecciones primarias del 18 de junio, el gobernador Jorge Capitanich inició una agenda de reuniones convecinos con el afán de revertir el resultado adverso de su Frente Chaqueño con el que busca su reelección.
Como resultado de estos encuentros, descubrió que una de las principales preocupaciones de los chaqueños es el incremento de la inseguridad, con delitos que van desde arrebatos hasta narcotráfico.
Apremiado por el ritmo de la campaña electoral, mantuvo una reunión con jefes policiales de toda la provincia y la última semana lanzó desde Presidencia Roque Sáenz Peña un “plan integral de seguridad” que incluye “comisarías digitales”, una aplicación para realizar denuncias desde dispositivos conectados a Internet, y anunció la construcción de 700 nuevas celdas en los establecimientos penitenciarios.
En la misma línea, decretó ahora la “emergencia en materia de seguridad pública y penitenciaria en todo el territorio provincial”.
La norma enumera una serie de medidas que se adoptarán inmediatamente y otras que dependen de otros organismos o demandarán más tiempo.
Se incrementarán los controles de motocicletas y motociclistas para prevenir la acción de motochorros.
Se habilitarán desde el 1 de agosto, como ya se había anunciado, las “comisarías digitales”, que requerirá el registro de los denunciantes en Tu Gobierno Digital.
Promete instalar 300 cámaras para llegar a 1500 en el sistema de videovigilancia público, pero también exigirá a particulares que cedan el monitoreo de unas 2000 cámaras privadas orientadas hacia espacios públicos.
Se intervendrán los bienes de personas vinculadas al narcomenudeo o narcotráfico.
Pedirá a la Justicia provincial y federal que adjudique a las fuerzas de seguridad de la Provincia o federales los vehículos secuestrados para su utilización como patrulleros.
Se restablecerá el programa de “corredores seguros” en inmediaciones de establecimientos educativos, edificios públicos y transporte público, entre otras zonas sensibles.
Y construirán las 700 celdas, que deberían estar terminadas en un plazo de 6 meses. Mientras, se incorporarán camastros a las que ya están habilitadas.
Para completar, busca “optimizar” los recursos humanos, logísticos y operativos destinando personal policial sólo a situaciones en las que resulta imprescindible, así la Policía podría concentrarse en la seguridad pública. Pero también había señalado acciones conjuntas con fuerzas federales y agencias privadas de seguridad.
