El fiscal Federico Carniel solicitó una condena de 16 años de prisión para el contador Walter Pasko y para Fernando Ayala, apoderado de cooperativas piqueteras, por la comisión de los delitos de “asociación ilícita fiscal y lavado de activos”, al considerarlos jefes de una organización que desviaba fondos transferidos por el Estado, mayormente desde el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) a diversas organizaciones en el marco de convenios de asistencia social.
Para el fiscal, el entramado estaba pergeñado para crear cooperativas fantasmas con el sólo propósito de obtener dinero del Gobierno, maniobras que se realizaron durante el tercer gobierno de Jorge Capitanich, a partir de la creación del Iafep.
Para María José Reinau, esposa de Ayala, solicitó la pena de 11 años de prisión, y 7 años para Diana Yael Daniel, esposa de Pasko, ambas por el cargo de asociación ilícita fiscal.
Para Ariel Acevedo y Osvaldo Godoy, también requirió una condena de 7 años. 4 años y 6 meses para Edith Ayala, 4 para Álvaro Pasko, y 3 años y 6 meses para Jorge Pasko, todos por asociación ilícita fiscal.
Y finalmente, planteó la absolución de Juana Elsa Brahim por el beneficio de la duda.
En su alegato, Carniel expuso varios videos en los que se observa a los implicados contando enormes fajos de dinero, pesos y dólares, en un departamento de la avenida Sarmiento, en el microcentro de Resistencia, una actividad que se repetía con cierta habitualidad. Para él, no hay dudas de que esto sucedía en coincidencia con los desembolsos del Iafep en beneficio de las cooperativas regenteadas por Pasko y Ayala.
Como parte del entramado de corrupción que ventiló la investigación, dijo que la organización contaba con “los sellos de todos los organismos” que debían intervenir para la habilitación de una cooperativa. Y señaló con suspicacia la falta de controles en torno a estos trámites.
A todo esto, sumó las visitas del entonces presidente del Iafep: Mauricio Andión, al departamento en el que se contaba el dinero. Captado también por las cámaras de seguridad del mismo departamento, y grabaciones obtenidas de los teléfonos de los propios implicados.
