Este jueves se escucharon alegatos en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, en el juicio que se le sigue al dirigente piquetero Ramón “Tito” López, líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio, su esposa Librada Romero y sus hijos David y Daniel, por lavado de activos transferidos por el Gobierno provincial durante la última gestión de Jorge Capitanich.
Para el fiscal, los imputados conformaron una trama de organizaciones para la obtención de fondos públicos destinados a la asistencia social de los integrantes del movimiento social liderado por López, pero estos eran desviados para beneficio propio.
En ese marco, constituyeron 3 fundaciones: Los Dueños de la Raza, Buen Vivir y Trabajo, y Construyendo País, que hasta el 10 de diciembre de 2023 facturaron al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) casi 163 millones de pesos, monto que constituyó el 96% de los movimientos registrado.
Desde su perspectiva, es improbable que fundaciones registradas como prestadoras de servicios personales de bajo perfil, puedan exhibir tamaño progreso económico, que explique el nivel de vida que llevaban, y la compra de bienes inmuebles, vehículos y ganado, además de vacacionar en lugares turísticos del país y el exterior.
En un detalle de los ingresos y egresos de las organizaciones, Carniel advirtió que las mayores transferencias se registraron en 2023, casualmente el año de las elecciones gubernamentales, incluso después de la derrota de Capitanich que significó su salida del poder. Por eso entiende que el objetivo del Gobierno era liquidar los fondos que seguían disponibles en el Iafep.
Todas las fundaciones, y la empresa a través de la cual Romero compraba y vendía ganado, tenían la misma dirección y se administraban de manera informal.
En su alegado, subrayó otra coincidencia: las propiedades y los vehículos se hacían en la misma fecha que los desembolsos de fondos públicos.
En este marco, considera que nada de esto hubiera sido posible sin la connivencia de funcionarios públicos con facultad para decidir el movimiento de dinero y otros recursos. Como ejemplo, mencionó un hecho que se investiga en otra causa: la adjudicación de tierras fiscales a Tito López, en tiempo récord, que éste vendió. “Compró por 1.200.000 mil pesos y vendió por 120 millones”, puntualizó.
A su vez, observó que las fundaciones del Clan López tenían estrecha vinculación con otras similares dedicadas a la misma actividad y que obtenían fondos de la misma manera, de la misma fuente, por lo que no descarta que su campo de acción sea aún más amplio.
Como conclusión, solicitó una pena de 13 años y 6 meses de cárcel para Tito López, 13 años para su esposa, y 12 años para cada uno de sus hijos. Además de una multa por el doble del monto involucrado en las operaciones de lavado.
Simple evasión
El próximo 5 de mayo será el turno de la defensa. El abogado Marcelino Leiva intentará argumentar su versión: que el dinero y todos los bienes de la familia López son el fruto de su esfuerzo y que, en el peor de los casos, la calificación de la imputación no puede ir más allá de mera “evasión impositiva”.
