El juez Civil y Comercial 21: Julián Benito Flores, dictó una medida cautelar ordenando al Gobierno Provincial restablecer el funcionarmiento pleno de la UEGP 144, de General Vedia, y abonar los sueldos a más de 70 docentes de la Fundación Valdocco, que quedaron en suspenso cuando se descubrió que estos no residen en la provincia.
La organización fue creada en Santa Cruz y se radicó en Chaco en 2010, duante el primer gobierno de Jorge Capitanich, donde fundó la Escuela Padre Severiano, en Comandancia Frías, con anexo en General Vedia.
La irregularidad fue descubierta a raíz de un pedido de informe del Gobierno de Santa Cruz, sobre el desempeño de estos docentes que percibían un sueldo en esa provincia pero, supuestamente, se desempeñaban en un establecimiento de la fundación en Chaco.
En ese marco el Ministerio de Educación corroboró que los mismos no asistían a cumplir con sus supuestas actividades laborales y que, además, la mayoría residía en Santa Cruz, varios en Buenos Aires y uno en Formosa.
Además, el cura Juan Carlos Molina, que durante el segundo gobierno de Cristina Fernández estuvo al frente de la Sedronar, es el rector de la institución y también abandonó hace años su función y el pasado 26 de octubre fue electo diputado nacional por Santa Cruz, postulado por el frente kirchnerista Fuerza Patria.
Por la falta de respuesta a los pedidos de información de las autoridades educativas chaqueñas completó el cúmulo de irregularidades el Ministerio de Educación había intervenido la escuela con el objetivo de dilucidar su situación administrativa, pero fundamentalmente para resguardar a los 25 menores alojados ahí, en un presunto “albergue terapéutico, a pesar de no estar como tal.
Ahora el fallo de Flores obliga a pagar los salarios que representan más de 120 millones de pesos por mes, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por incumplimiento.
Paralelamente, la Provincia anunció que apelará la medida cautelar y ya demandó a los falsos docentes por defraudación contra el Estado.
