“Estamos trabajando para pacificar y garantizar la paz social”, dijo la ministra de Seguridad y Justicia: Gloria Zalazar, al aterrizar en Misión Nueva Pompeya, escenario de los violentos episodios del sábado, cuando unas 200 personas tomaron el Juzgado Multifueros y la comisaría y pretendieron hacer lo mismo con la Municipalidad.
Los manifestantes llevaban una semana bloqueando los accesos a la ciudad exigiendo la aparición de Salustiano Giménez, de 16 años, desaparecido el 12 de febrero. Demandan a la Policía intensificar la búsqueda.
El jueves firmaron un acuerdo con la ministra Zalazar y otros funcionarios para liberar el tránsito y aguardar pacíficamente el curso de la investigación, pero el sábado retomaron las protestas y atacaron la comisaría para linchar a Mario Ledesma, detenido en la causa por la desaparición de Salustiano.
Los pocos efectivos policiales de la unidad resistieron en la medida de sus posibilidades el embate de la turba, y lograron evacuar al detenido.
Pero el descontrol y la falta de información oficial confiable sobre los hechos violentos, llevó a Carolina Aquino, abogada de Ledesma, a plantear un hábeas corpus para conocer su estado y asegurar su integridad.
El STJ concedió rápidamente la medida y pudo ver a través de videoconferencia a su defendido.
No obstante, admitió la preocupación que impera después de que se viera a través de las redes sociales cómo la guardia policial no contaba con los elementos necesarios para impedir el asalto a la comisaría y era doblegada por los manifestantes armados con palos, muchos de ellos encapuchados.
Ledesma fue trasladado a otra comisaría, pero no se descarta que ocurran episodios similares en esa dependencia.
