La Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario Provincial siguen adelante con el propósito de despojar de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles de comunicación a todos los detenidos en unidades dependientes de la Provincia.
Después de una instancia en la que las autoridades apelaron a la entrega voluntaria delos aparatos, comenzaron las requisas para hallarlos en las celdas y otros sitios dentro de los lugares de acceso a detenidos.
Esto se da en cumplimiento de la ley 4033-J, sancionada en mayo de 2024 a instancias del gobernador Leandro Zdero, después de que su antecesor: Jorge Capitanich, vetara una norma similar aprobada en 2023.
Paralelamente, en el mismo sentido, las comisarías y unidades carcelarias disponen de aparatos para garantizar la comunicación de los detenidos con sus familiares y abogados.
Piden que frenen la quita
En contra de estas medidas, la Defensoría General y el Comité de Prevención de la Tortura aguarda la respuesta del Superior Tribunal de Justicia al hábeas corpus presentado en favor de los detenidos, y la demanda de una medida cautelar que frene la quita de celulares, además del pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Para estos organismos, la quita de celulares afecta derechos elementales de los detenidos, impide su reinserción social, el vínculo con sus familias y la posibilidad de educación, entre otros aspectos. Y consideran que persigue un mero interés político, apuntado a satisfacer un reclamo de un sector de la sociedad.
