En los últimos días, tal como lo adelantara el gobernador Leandro Zdero en la Legislatura el pasado 1 de marco, se realizaron operativos para retirarles teléfonos celulares y otros dispositivos móviles de comunicación a los detenidos en unidades carcelarias y comisarías de la provincia.
La medida es en cumplimiento de la ley 4033-J, de autoría del Poder Ejecutivo, sancionada en mayo del año pasado y que estaba pendiente de aplicación.
Esta norma prohíbe que los presos tengan celulares en sus celdas y obliga al Servicio Penitenciario Provincial y a la Policía disponer de medios a los que puedan acceder para comunicarse con familiares y abogados, o tomar clases, controlados por las autoridades.
El objetivo de la misma es evitar la comisión de delitos virtuales, desde secuestros hasta estafas, y comercialización de estupefacientes, entre otros. Uno de los primeros proyectos en ese sentido fue presentado por el diputado peronista Oscar Mateo Raffin.
Ahora, tras el secuestro de cientos de aparatos, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, a través de su presidente Bashé Charole, y la Defensoría General, con la firma de la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz, acudieron al Superior Tribunal de Justicia solicitando una medida cautelar para impedir la implementación de la ley y, paralelamente, su declaración de inconstitucionalidad.
Para el Comité y la Defensoría, quitarles los celulares a los presos atenta contra derechos fundamentales: “Podrá ser útil para el gobierno de turno, que intenta calmar las múltiples demandas de la sociedad a través de una política meramente punitivista, pero es una falsa solución”.
“La utilización de celulares por parte de los reclusos se vincula con estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al derecho a la comunicación, la dignidad de las personas privadas de libertad y la reinserción social”, dicen al calificar como “desproporcionada” la medida.
Para estos, “el uso de estos dispositivos ha contribuido en gran medida a fortalecer los vínculos familiares, prevenir casos de torturas y malos tratos, y permitir el acceso a justicia, salud, educación y trabajo”.
La decisión de Capitanich
Durante su última gobernación, Jorge Capitanich dispuso que todos los detenidos cuenten con teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, y conexión a Internet. En caso de que no contaran con uno propio, las autoridades carcelarias debían proporcionarles uno.
Esto fue rechazado hasta por legisladores de su propia bancada, que presentaron proyectos de ley para revertir la medida. Una iniciativa conjunta de oficialismo y oposición fue aprobada pero inmediatamente recibió el veto de Capitanich que sólo accedió a un registro de los teléfonos ingresados por los presos para consultar en caso de que se presuma la comisión de algún delito.
Un narco y un homicida
La última semana un detenido que en septiembre de 2024 fusiló de un balazo en el pecho a un hombre para robarle la moto en un quiosco de Fontana, y otro condenado hace 4 meses en una causa por drogas, fueron despojados de sendos teléfonos celulares después de compartir contenido a través de las redes sociales.
