El fiscal federal Patricio Sabadini amplió la nómina de imputados en la denominada Causa Tito López, en la que el dirigente piquetero está imputado de lavado de dinero junto a su esposa Librada Romero y sus hijos Daniel, David y Walter, además una de sus nueras: Dévora Acosta.
El funcionario detectó en la investigación una maniobra para convertir la adjudicación de tierras fiscales para la producción agropecuaria en un negocio inmobiliario apuntado directamente a comercializarlas. Y miró con suspicacia que los trámites burocráticos se hayan cumplido en tiempo récord.
Para él, esto no pudo hacerse sin el conocimiento y hasta la intervención de los funcionarios con competencia en la materia. Por eso imputa a la exministra de Ambiente: Marta Soneira, y en el ámbito del Instituto de Colonización: Walter Ferreyra, Raúl París, Cintia Kaplan y María Artieda de “fraude a la administración pública y mal desempeño de los deberes de funcionario público”.
También apunta a actores del sector privado como Walter Brúa, presidente de Smart Capital SA, y Diego Brúa, director de Brúa Agropecuaria SA como coautores del delito “fraude a la administración pública”.
Según Sabadini, Tito López cedió las tierras en “leasing” a estas empresas con el solo objetivo de vendérselas una vez cumplido el plazo que lo prohíbe. Develada esta posibilidad, semanas atrás el Gobierno acudió a la Justicia para bloquear cualquier tipo de cesión o transferencias de los terrenos asignados al piquetero.
El exgobernador consideró que todas las acusaciones contra sus exfuncionarios y Tito López son parte de una operación política y judicial para desprestigiarlo. Y aseguró que la adjudicación de tierras al piquetero fueron “legales y transparentes” y que el adjudicatario “pagó cada hectárea como corresponde”. Y justamente es eso lo que llama la atención de Sabadini, que entiende que López no puede explicar de dónde obtuvo el dinero para adquirir bienes.
