Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Institucional de la Policía del Chaco inició un sumario administrativo para determinar responsabilidades del personal policial que intervino en el megaoperativo desplegado para allanar la vivienda de la abogada Gabriela Casas, en el barrio Provincias Unidas, de Resistencia, y llevarla por la fuerza al área de Salud Mental del hospital Perrando, donde todavía sigue internada.
El hecho ocurrió el lunes 7 de octubre y el OCI recién tomó intervención una semana después. Según dijo Urturi, tomó la decisión a partir de las publicaciones de los medios de comunicación y las redes sociales, y admitió que “generó estupor cómo se llevó adelante un allanamiento sin orden de juez”.
El funcionario busca determinar responsabilidades del personal policial en el procedimiento entendiendo que pudo haber violaciones al Reglamento y al Régimen Disciplinario.
Como primera medida, solicitó a la comisaría de la zona, a la Dirección de Zona y al Cuerpo de Operaciones Especiales la nómina de los efectivos involucrados y en qué circunstancias se dispuso el operativo.
Por el momento sólo conoce que la intervención policial había sido instruida por la Defensora General Oficial: Alicia Alcalá, alegando un problema de salud mental de Casas, sin embargo, la funcionaria se desentendió de la cuestión.
A esto se suma que, según Urturi, los responsables del procedimiento llamaron a la Fiscalía en turno desde donde le informaron que no había ningún delito que avale la intervención policial en esas circunstancias. Sin embargo el operativo siguió adelante.
“La Constitución Nacional y la Constitución Provincial declaran inviolable el domicilio, por lo que no se puede intervenir sin orden de un juez, que en este caso no hubo”, admitió.
“Estamos investigando quién dio la orden, porque sin una orden el COE no hubiera ingresado a la vivienda, y mucho menos de esa manera”, dijo sobre la violencia ejercida por el grupo táctico de la Policía que avasalló la vivienda derribando las puertas.
El allanamiento culminó con una suerte de detención de la abogada, ya que fue trasladada por la fuerza y se dijo que, incluso, se le aplicaron sedantes en ese mismo momento.
Ilegalidad
El abogado Alejandro La Regina, que representa a Gabriela, dijo que hicieron las presentaciones pertinentes reclamando la declaración de ilegalidad del procedimiento y solicitando la externación. Y aportó que el allanamiento se realizó sin orden y que el oficio dictado sólo apuntaba a verificar el estado de salud de la abogada en el marco de una licencia que había solicitado.
