El fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, después de que la Cámara de Apelaciones de Resistencia confirmara los procesamientos, formalizó el pasado 2 de octubre el requerimiento de elevación a juicio en la denominada Causa Uncaus, que tiene como imputados al rector y otros funcionarios de la Universidad Nacional del Chaco Austral y directivos de fundaciones vinculadas a ésta.
El rector Germán Oestmann, Marcelo Marinich, Natalia Judis, Manuel Ricardone, Cristian Vizgarra, Luis Pugacz, Lucas Stegagnini, Jorge Alcántara, José Yarros, Juan Domínguez, Jonatan Gal y Pedro Mijalec; están imputados de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita”; Marcelo Sang, Ricardo Salín, María Fernanda Del Giorgio y Carla Palacios, de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y asociación ilícita”, y Sandra Bondar y Dora Loto, de fraude en perjuicio de la Administración Pública y asociación ilícita”.
En el escrito de más de 400 páginas el fiscal insiste en su tesis de que los imputados pergeñaron y forman parte de una organización destinada a la administración fraudulenta de fondos públicos pertenecientes a la Uncaus, para lo que crearon fundaciones en las que delegaban funciones propias de la Universidad y transferían los fondos para sacarlos de la órbita de los controles oficiales, cediendo completamente la administración a estas entidades.
Amad entiende que todo comenzó durante el rectorado del ya fallecido Omar Judis, condenado por esta cuestión, y que no sólo se mantuvo con la asunción de las nuevas autoridades universitarias, sino que estas “perfeccionaron” el entramado.
También deduce que amparándose en una interpretación amañada de los estatutos y la normativa que rige a la Universidad y a las fundaciones, los involucrados se atribuían funciones fuera de su competencia.
Entre otros casos, señala la compra de bienes registrables, rol de la órbita de la Secretaría Administrativa, que fuera usurpado por Ricardone que, como titular de la Secretaría Académica, instruyó a la Fundación Educación para Todos la compra de un avión.
La aeronave: un Cessna C150M, matrícula LV-CEO, fue adquirida a un Aeroclub de la ciudad cordobesa Oliva. cuando Alcántara presidía el Consejo de Administración de la fundación.
El fiscal tacha de irregular la compra señalando que ésta debió ser realizada por la propia Uncaus, no a través de intermediarios y sin la sustanciación de los procesos de concurso de precios y/o licitación. Además, objeta que haya sido registrada a nombre de la Fundación cuando fue adquirida con fondos de la Uncaus.
También observa la oportunidad y conveniencia de la operación, ya que el avión costó en septiembre de 2021 casi 11 millones de pesos, que se hicieron efectivos en 2 pagos, el doble de lo que la Unidad Médica Educativa de la Uncaus, regenteada por la Fundación Uncaus, también liderada por Alcántara, adeudaba a sus proveedores de insumos y medicamentos, y mientras alquilaba una ambulancia por no contar con vehículo propio.
Por esto, Amad considera que la compra, además de irregular, fue innecesaria, ya que la Uncaus sólo tenía aprobado por la ANAC el dictado de un curso teórico que no demandaba contar con una aeronave. Y agregó que la autorización fue obtenida en 2016 e incluso hasta hoy no iniciaron las clases.
De acuerdo a la documentación presentada, simultáneamente a la compra del avión fueron alquilados 2 galpones, uno para el dictado de los cursos y el otro para oficiar de hangar.
Y, para completar, observó un detalle: la Fundación plasmó la decisión de adquirir la aeronave en un acta tras una reunión de su Consejo que duró una hora, sin embargo el primer pago se efectuó apenas iniciado el encuentro.
En su descargo, Alcántara dijo que el avión era indispensable para obtener el aval para los cursos prácticos, y que se cotejaron los precios del mercado que ofrecía aparatos similares entre 55 mil y 60 mil dólares, y que se optó por este que era más barato.
Por un lado, el fiscal asegura que la compra se realizó antes de que el Consejo Superior de la Uncaus aprobara los cursos y estos fueran avalados por la ANAC, y cuestionó el precio aseverando que lo abonado, al tipo de cambio de aquel momento, fue sustancialmente superior a las otras ofertas.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, el avión realizó un solo vuelo desde su arribo a Sáenz Peña: fue trasladado a un taller en Las Palmas, donde debería encontrarse en este momento. Pero el organismo encargado del control aéreo no tiene registros de ello. Según el piloto, presentó el plan de vuelo correspondiente, y aportó la planilla con el detalle de la hora de despegue y aterrizaje que indican que tardó una hora y media, lo que permite deducir que viajó a muy baja velocidad.
Por lo expuesto, el fiscal Carlos Amad opina que el avión fue adquirido para uso personal de los funcionarios y directivos cuestionados, y ser puesto al servicio de las fundaciones y sus fines reprochados en la causa.
