La jueza federal de Goya: Cristina Pozzer Penzo, ordenó este domingo la detención de 9 personas en el marco de una investigación conexa a la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio en el paraje El Algarrobal, en la zona rural de la ciudad correntina 9 de Julio, todas vinculadas a la Fundación Lucio Dupuy, creada para luchar contra el maltrato infantil.
Los detenidos son la abogada Elizabeth Noemí Cutaia, su pareja Pablo Javier Noguera, Nicolás Gabriel Soria conocido como “El Yanqui”; Alan José Cañete; Pablo Gabriel Núñez; Verónica Paola Machuca; Valeria Liliana López; Leonardo Daniel Rubio y Delfina Taborda, que se suman a la de Federico Colombo, psicólogo forense de la Fundación Dupuy, que fue arrestado el 11 de septiembre por falso testimonio mientras declaraba en la causa.
Los cargos incluyen atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado, estafa, encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos relacionados.
Los arrestos y los allanamientos en los domicilios particulares de detenidos fueron encargados a la Policía Federal, y tuvieron lugar en el barrio porteño de Balvanera y en las localidades bonaerenses Avellaneda, Hurlingham, El Palomar, Merlo, General Rodríguez y General Las Heras.
En los procedimientos fueron secuestrados celulares, tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento, computadoras, entre otros objetos. La investigación apunta a esclarecer posibles delitos cometidos en el marco del ocultamiento de Loan y la manipulación de pruebas.
Los detenidos habían llegado a 9 de Julio en junio, alegando ser especialistas en trata de personas y miembros de la Fundación Lucio Dupuy.
La jueza había emitido una medida cautelar prohibiendo el contacto de los presuntos integrantes de la Fundación Dupuy con los menores involucrados en la investigación para evitar riesgos de entorpecimiento y seguridad, pero esta medida fue violada.
El Intendente de 9 de Julio, Sebastián Ynsaurralde, informó que el Municipio pagó $1.863.000 en honorarios y gastos de estadía a la abogada Elizabeth Cutaia, contratada por la Fundación para asistir a los menores en la causa. Sin embargo, ni ella ni la Fundación estaban acreditados en la causa.
