El fiscal federal Patricio Sabadini elevó una solicitud de instrucción penal contra el ministro de la Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco: Hernán Halavacs, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.
Le imputa ser parte de una organización dedicada a la tala ilegal de bosques nativos apelando a cambios de uso de suelo, de la que también formarían parte el ex director de Bosques y empresario maderero: Miguel Ángel López, el exsubsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible: Luciano Olivares, el diputado provincial y empresario forestal Atlanto Honcheruk, el diputado provincial Juan José Bergia, el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el también funcionario Hernán Miguel Brunswig.
El fiscal también pidió investigar los movimientos de las empresas Vicentin, Las Guindas, Establecimiento Monterrey, Cuenca del Salado, Grupo Buratovich Hnos, MSU, TRIAD, Alejandro Hayes Coni, Ricardo Shihon y Jerilderie, Cigra; y La Nueva Pirámide, entre otras, por probable daño ambiental a la provincia.
Paralelamente, reclamó a la jueza Zunilda Niremperger que ordene el cese del desmonte en el territorio provincial.
Todo esto, a partir de una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que se refiere a la cuestión como “la mafia de los desmontes”.
El ministro Halavacs, negó todas las imputaciones y dijo haber ejercido su profesión en el ámbito privado y siempre en el marco de la legislación vigente, y que en ese carácter presentó proyectos que fueron aprobados por las autoridades gubernamentales competentes siguiendo los procedimientos de rigor, incluidas consultas y audiencias públicas.
“La última vez que presenté un proyecto fue en 2018”, dijo, dejando en claro que todos los trámites fueron aprobados en gestiones anteriores, más precisamente las que encabezaron los gobernadores peronistas Jorge Capitanich y Domingo Peppo.
Y graficó que era contratado por empresas para realizar los estudios técnicos de factibilidad, y de impacto ambiental, entre otros requisitos para la solicitud de los permisos de desmontes, y que en algunos casos se requería el cambio de uso de suelo. Pero recalcó que los trámites siempre se encuadraban en las normativas vigentes.
“En esta gestión no se autorizó ningún desmonte”, subrayó al aclarar que los permisos activos fueron otorgados en el gobierno anterior. Y aseguro que el área a su cargo sigue interviniendo en toda la provincia para detener la tala indiscriminada.
Para completar, dijo que no tuvo injerencia en la definición de la cuestionada Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, recientemente aprobada en la Legislatura provincial.
“El mapa de la OTBN fue confeccionado durante el gobierno anterior y es el resultado de un largo trabajo del que participaron todos los sectores involucrados, como el INTA, Fechaco, Fechasoru, entidades que nuclean a ingenieros agrónomos, entre otras”, repasó, y lo definió como “un trabajo consensuado”, a lo que atribuyó la amplia mayoría que avaló el proyecto en la votación.
Esta ley, según dijo, aún no recibió la conformidad del Gobierno nacional, por lo que aún no fue reglamentada, por lo tanto aún no está en vigor.
