La Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio intervino la Fundación Chaco Solidario por la acefalía generada por la renuncia de los integrantes del Consejo de Administración designados durante la gestión de Jorge Capitanich.
El organismo designó como interventores a Leandro Eschovez, Bernardo García y María Martína.
Además, la entidad adeuda conclusiones de los ejercicios económicos de 2020, 2021, 2022 y 2023.
La Fundación Chaco Solidario cumplió un rol clave en la asistencia discrecional del Gobierno a organizaciones sociales y particulares, principalmente en tiempos electorales.
Paradójicamente, parece haber escapado a los rigurosos controles anunciados en el último tramo del gobierno anterior para todas instituciones de su tipo a raíz del Caso Cecilia.
