¿Ley de “desenganche”: trabajadores judiciales no entran en la equiparación?

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El gobernador Capitanich, el ministro de Economía: Pérez Pons, y el titular del Poder Judicial: Toledo volvieron a reunirse para referirse a la "equiparación".

El gobernador Jorge Capitanich volvió a reunirse recientemente con el presidente del Superior Tribunal de Justicia: Rolando Toledo, máxima autoridad del Poder Judicial, para continuar la charla sobre la recomposición salarial para ese sector del Estado.

“Con el Presidente del Superior Tribunal de Justicia analizamos la situación salarial del Poder Judicial de acuerdo a la media regional y contemplando un horizonte previsible destinado a compatibilizar remuneraciones provinciales con una tendencia ascendente a la media nacional”, resumió Capitanich sobre el encuentro.

Y siguió: “En este contexto, una comisión especial con la intervención de todos los actores establecerá la metodología, el plazo, los instrumentos y las estrategias basadas en la sostenibilidad fiscal y financiera y la prestación eficiente del servicio de justicia”.

Y para completar agregó: “De este modo, se pretende arribar a una solución por consenso de un litigio judicial emergente que implique la satisfacción de las acreencias en virtud de un mejoramiento en las condiciones salariales con una perspectiva plurianual”.

Fiel a su estilo, utilizó muchas palabras y largas e incomprensibles frases, aparentemente, para referirse elípticamente a la ley 3424-A, sancionada el pasado 4 de agosto con los votos del oficialismo, excepto los de María Vargas y Rodolfo Shwartz, que no asistieron; más los radicales Livio Gutiérrez, Débora Cardozo y Alejandro Aradas, los únicos opositores presentes en la sesión.

Se trata de una iniciativa presentada a fines de 2019 por el entonces gobernador Domingo Peppo para dar respuesta al histórico reclamo de equiparación salarial de la Justicia chaqueña a la nacional.

El objetivo de los jueces chaqueños es un sueldo igual a los de sus pares federales. Pero la ley no va tan lejos y plantea una equiparación sólo con jueces provinciales en 2 etapas: la primera, entre agosto de 2021 y agosto de 2023, iguala los sueldos al promedio de los abonados por las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones. Para esto se implementan 2 “revisiones” anuales, en febrero y agosto.

Cumplida esta instancia, a partir de 2023 comienza la equiparación con la media de todas las provincias del país, lo que supone otra mejora de la situación salarial.

Pero la ley, que hasta ese momento hacía referencia a “los agentes del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento y Tribunal Electoral”, al referirse a la equiparación nacional, sólo menciona a “funcionarios y magistrados del Poder Judicial”, soslayando al resto de los “agentes”, también excluídos de la “comisión técnica” que conformarán los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Los corrillos apuntan que el Gobierno pretende dejar de lado la “ley de enganche” que fija los salarios de todos los trabajadores judiciales en un porcentaje de la remuneración de los jueces. Y ya comparan esta situación con la generada por aquella acordada de 1991 que derivó en una catarata de juicios que terminaron con el Estado condenado, con su caja en jaque y obligado a pedir créditos para pagar sentencias.

 

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