Elevaron de 3 a 4 años y medio la condena a Lugo pero no irá preso

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El STJ adecuó las calificaciones y llevó de 3 a 4 años y medio la condena a Roberto Lugo.

En junio de 2021 la Cámara Tercera en lo Criminal había condenado al exministro de Desarrollo Social a 3 años de prisión en suspenso al encontrarlo culpable de negociaciones incompatibles con la función pública. Mientras, Claudia Varela recibió una pena de un año de prisión en suspenso por considerarla partícipe necesaria. El otro imputado: Ariel Retamozo, había sido absuelto.

Ahora, un año después, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco ejerció jurisdicción positiva y readecuó las calificaciones legales por los delitos imputados, lo que impactó en el quantum de las sentencias.

La resolución cuestiona el desempeño del tribunal integrado por María Virginia Ise, Ernesto Azcona y Cristina Pisarello al momento de valorar ciertas circunstancias ventiladas en el proceso, pero entiende que el tenor de la nueva sentencia no afecta los derechos de los involucrados.

En el caso de Lugo fijó una pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva e inhabilitación especial perpetua para ser funcionario público por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos en concurso real.

Lugo se encuentra en libertad, pero el incremento de la condena y a pesar de ser de cumplimiento efectivo, no volverá a prisión porque ya lleva cumplidos 2 tercios de la misma.

Para Varela la condena fue de 2 años de prisión en suspenso por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Y Retamozo resultó condenado a dos años y medio de prisión en suspenso, más inhabilitación por igual tiempo para ejercer la cargos públicos, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Así lo decidió través de la sentencia Nº 86/22 mediante la que revisó el pronunciamiento de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia del 9 de junio de 2021 en la causa N° 33.960/2018-1: “Lugo, Roberto Marcelo; Retamozo, Ricardo Ariel; Varela, Claudia Soledad; Varela, Juan José; Yaczuk, Mónica Viviana; Amarilla, Carlos Manuel S/ asociación ilícita, violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública”.

La sala mantuvo la absolución por los delitos de asociación ilícita, en carácter de jefe, y violación de deberes de funcionario público, definido por la Cámara en el caso de Lugo. E igual criterio aplicó para Varela y Retamozo por el delito de asociación ilícita, en carácter de miembros. Y del delito de malversación de caudales (peculado) para Retamozo.

La sala, además, rechazó los recursos de casación presentados por las defensas técnicas a cargo de Estefanía Argarate, Olga Mongelós y Leandro García Redondo. En el caso de Argarate, también rechazó los planteos de afectación del principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho y de prescripción. En tanto que hizo lugar al recurso de casación del Ministerio Público Fiscal.

Fundamentos

En los fundamentos, los jueces Víctor del Río y Rolando Toledo afirmaron que en la sentencia de la Cámara “se verifica la omisión de tratamiento de cuestiones sustanciales, defecto que impide considerarla como un acto jurisdiccional válido”. Y agregaron que corresponde y es posible efectuar una nueva decisión con el objetivo de “evitar mayores dilaciones, garantizando de esta forma el derecho de los imputados de obtener una sentencia en un plazo razonable”; al tiempo que reconocen a los imputados “la opción de la revisión horizontal, a fin de garantizar el doble conforme de acuerdo al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia”.

Destacaron que este criterio de resolución quedó justificado por “las particularidades del presente caso, en el que resulta innecesario el reenvío para que se dicte un nuevo pronunciamiento por otro Tribunal, toda vez que en el examen se avizora un único contenido posible, esto es, exponer los fundamentos de las circunstancias insuficiente e inadecuadamente valoradas, ajustándose estrictamente al respeto del debido proceso en virtud de resguardar la congruencia del hecho; el contenido de la acusación en los marcos punitivos concretos y ajustarse a las pruebas legalmente introducidas, para arribar a una idéntica o distinta conclusión a la del fallo atacado”.

 

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