Abogados piden investigar el caso del funcionario judicial que devolvió niños en adopción

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ElColegio de Abogados de la Segunda Circunscripción pidió al STJ que intervenga en el caso de la fallida guarda preadoptiva que involucra a un defensor oficial.

El Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, a través de su presidente: Leandro Arrudi, su vicepresidente Marta Brugnoli, y la secretaria Carolina Vietto, remitió una nota al presidente del Superior Tribunal de Justicia: Rolando Toledo, solicitando la intervención del Alto Cuerpo en el expediente de la fallida guarda preadoptiva que días atrás conmovió a toda la sociedad.

El caso tiene como protagonista al defensor oficial provisional 4, de Presidencia Roque Sáenz Peña: Rubens Aguirre, al que hacen tácita referencia, que el 13 de junio recibió en guarda preadoptiva a 2 hermanitos: un varón de 11 años y una niña de 8, a quienes decidió “devolver” el pasado 2 de septiembre.

“Esto tomó estado público con una efervescencia inusitada; la efervescencia inusitada tal vez guarde relación de proporcionalidad con la premura en que este funcionario hizo pública su felicidad al comunicar que se encontraba como guardador con fines de adopción de dos niños, como así también la altísima exposición en redes sociales a la que estuvieron sometidos estos niños durante la guarda, todo lo que hacía presumir que el guardador había logrado “ahijar” a los mismos”, expresan y describen la situación como “grave y extrema”.

Entienden que, como abogado, y más aún como funcionario judicial, él no debió desconocer el daño que su actitud podría causarle a los niños.

Y para graficarlo, apelan a un fragmento del libro “Procesos de familia”, de autoría de la defensora general Alicia Alcalá: “La devolución de un NNA por parte de sus guardadores… sólo se produce por causas graves. La única víctima de esta situación es el NNA. Su devolución por parte de los guardadores produce en sus psiquis un daño casi irreparable… El primer pensamiento que les surge es que ellos no son merecedores de cariño ni de amor; que ellos son los culpables de lo que sucede. Una vez más, están con adultos que no han logrado protegerlos de forma integral; una vez más se sienten abandonados y perdidos… Las devoluciones son reprochables… esta situación constituye un llamado de atención y merece una reflexión profunda por parte de todos los operadores  que intervienen en este proceso, ya sean del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Es necesario analizar todas las etapas y repensar en qué se puede mejorar, qué se hizo de manera deficiente”.

Por otro lado, desde la entidad contrastan la complejidad y la extensión de los trámites de adopción hasta llegar a la instancia de guarda, por las que deben atravesar todas las personas interesadas, mientras en este caso, al parecer, el trámite fue mucho más dinámico, lo que avienta un halo de sospechas sobre el proceder de la Justicia cuando alguno de los involucrados resulta ser funcionario judicial.

Por eso, respaldados por una pormenorizada fundamentación, solicitan al titular del STJ que arbitre los medios necesarios para una investigación que dilucide el rol de cada uno de los funcionarios involucrados, para deslindar las responsabilidades y restituir la transparencia que debe caracterizar a este tipo de procesos y que en este caso se pone en duda.

Finalmente, también sugieran la posibilidad de interiorizarse sobre la decisión del juez de Niñez, Adolescencia y Familia 1, de Sáenz Peña, que consintió una medida autosatisfactiva a instancias de la Asesoría de Niñez, Adolescencia y Familia 1, de esa ciudad, conminando a la prensa a abstenerse de publicar a través de medios de comunicación, redes sociales o cualquier otra vía, información referida al caso que pudiera servir para identificar a los niños, alegando la necesidad de protegerlos y evitar su exposición.

Para el Colegio de Abogados, la decisión de velar por los niños es acertada pero que llega demasiado tarde, ya que fueron intensivamente expuestos por Aguirre durante los casi 3 meses que duró la frustrada guarda preadoptiva sin que se conocieran llamados de atención por eso.

Para Arrudi, Brugnoli y Vietto, esta medida judicial podría interpretarse como un obstáculo para la visibilización de las particularidades del caso y abonaría la posibilidad de que hipotéticas irregularidades terminaran guardadas bajo la alfombra.

 

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