La investigación de las circunstancias que llevaron a Fernanda Almada, de 18 años, a quitarse la vida el domingo 15 de marzo, dio otro paso con la apertura de una causa por la presunta comisión del delito de instigación al suicidio, tipificado en el artículo 83 del Código Penal, que prevé penas de 1 a 4 años.
La iniciativa la lleva adelante el fiscal de Investigación Penal 4: Jorge Cáceres Olivera, que ya reunió elementos y prepara una agenda de citaciones para los actores del caso, que comenzaría con los padres de la víctima.
Fernanda era alumna del cuarto año de la Escuela Técnica 16 “1 de Mayo”, del barrio San Cayetano, de Resistencia. Tras su muerte, se supo que durante los últimos años había sufrido bullying de parte de sus compañeros de curso.
A raíz de esto se habían iniciado una serie de actuaciones administrativas que demostraron las agresiones pero las autoridades escolares no tomaron medidas acordes a las circunstancias.
La investigación de Cáceres Olivera apunta a 3 varones y 6 mujeres, de entre 16 y 18 años, señalados por la misma Fernanda como quienes la acosaban permanentemente. Estos conformaban grupos de WhatsApp a los que la incorporaban para hostigarla y hasta llegaron a agredirla físicamente.
Separaron a los directivos
Las autoridades escolares, como única medida, habían decidido no separar a los agresores sino a Fernanda, enviándola a otra división.
En este marco, su madre pasó los últimos meses de 2025 cuidándola dentro de la escuela.
Tras su muerte, el Ministerio de Educación de la Provincia inició un sumario para determinar responsabilidades y, como primera medida, separó del cargo al director, el vicedirector, la asesora pedagógica y la regente, y hoy asumirán quienes ejercerán esos cargos.
Los funcionarios dijeron que ignoraban todo lo acontecido porque la Dirección del establecimiento nunca giró las actuaciones como indica el protocolo.
