Violencia de género: Capitanich vetó el subsidio a las víctimas y el Concejo declaró la emergencia

El Concejo Municipal declaró la Emergencia Pública por Violencia de Género en Resistencia. Mientras, la Comisión de Asuntos Generales trata el veto parcial al subsidio a las víctimas.

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El Concejo Municipal de Resistencia declaró la emergencia por violencia de género y trata el veto del intendente a los subsidios a las víctimas. | Jorge Tello

El Concejo Municipal de Resistencia aprobó la ordenanza de Emergencia Pública por Violencia de Género, que establece que el Ejecutivo Municipal realice todas las acciones necesarias para dar solución a la crítica situación de violencia de género y disponga para esto del presupuesto necesario.

“Desde el Municipio debemos asignar presupuesto para consolidar políticas públicas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de toda violencia de género”, argumentó la concejal Cecilia Baroni, autora de la iniciativa.

La ordenanza busca la construcción de una cultura pacífica y libre de violencia de género, a través de medidas de sensibilización para la prevención y eliminación de la violencia. Propone brindar acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en los servicios sanitarios, legales y sociolaborales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género.

Por otra parte, se considera necesario establecer una red de contención social y sanitaria entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales especializadas en violencia de género, y además garantizar el cumplimiento de la ordenanza 11.917, que crea los espacios de contención a las víctimas de violencia de género.

La sanción se dio en la primera sesión del año y su puesta en vigor depende del intendente Jorge Capitanich que recientemente vetó parcialmente la ordenanza que proponía una asistencia financiera para las víctimas de violencia de género, que fue aprobada en la última sesión ordinaria de 2018.

Se trataba de un subsidio equivalente a un salario mínimo vital y móvil por el término de tres meses, prorrogables por otros seis si resultara necesario para que las víctimas que deban abandonar imprevistamente su casa para evitar nuevas agresiones, puedan contar con recursos para alquilar una casa.

En aquel momento el concejal oficialista Juan Manuel Chaco, alineado con el intendente, calificó de “demagógica” la ordenanza y acusó a sus pares de buscar “un título en los medios”. Para él, era inviable debido a lo ajustado del presupuesto municipal y a la falta de estadísticas que permitan tomar previsiones.

Su planteo se interpretó como un adelanto del veto de Capitanich, que finalmente se concretó. El intendente propuso reducir 5 mil pesos el subsidio de un salario mínimo que hoy equivale a 12.500 pesos y se actualiza periódicamente. Para los concejales, el monto indicado por el intendente resulta insuficiente para costear un alquiler.

 

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