Tarifazo de Secheep: Maldonado se diferencia de Corregido y rechaza el aumento

El inminente aumento de las tarifas de energía eléctrica impactó ya en la Defensoría del Pueblo. Mientras el defensor Gustavo Corregido se alista para participar de la audiencia pública, el adjunto Hugo Maldonado no sólo rechaza el ajuste sino también la audiencia.

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Corregido ya se prepara para la audiencia pública que Maldonado quiere impugnar. El adjunto además critica el tarifazo.

El Gobierno provincial convocó a audiencia pública para exponer sobre las subas en el cuadro tarifario que funcionarios de Secheep ya adelantaron que será del 60 por ciento. Esto puso en veredas opuestas al defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, y al defensor del Pueblo adjunto, Hugo Maldonado. El primero recibió la estructura de costos de manos de la empresa y la analiza previo a la audiencia, pero el segundo lo rechaza in límine y cuestiona también la convocatoria a audiencia.

Maldonado ofreció este miércoles una conferencia en la que expuso las razones de su postura, que además plasmó en una carta dirigida no sólo a los medios, sino a toda la comunidad.

Para el funcionario, antes de ajustar las tarifas, Secheep debe optimizar no sólo los servicios sino también, y fundamentalmente, su administración. En este sentido, habla de las pérdidas por hurto y deficiencias en la infraestructura. Además, hace especial hincapié en la necesidad de transparentar el destino de los recursos administrado por la empresa.

Paralelamente, Maldonado advirtió desde el principio sobre algunas “particularidades” de la convocatoria a audiencia pública. Critica que haya sido convocada en Campo Largo, a más de 200 kilómetros del Gran Resistencia, y que además se celebre en un día y hora laborables, lo que entiende que impide la participación e interpreta como una “estrategia” para no enfrentar a los usuarios.

Maldonado dijo haberle pedido a Corregido intentar revertir esta situación pero que éste no sólo no acompañó su postura sino que ni siquiera se expresó al respecto.

El defensor adjunto fundamentó su postura a través de un comunicado que expresa textualmente:

Los usuarios no deben pagar la ineficacia de los funcionarios

Mi rechazo se funda en el convencimiento de que la prioridad de la Empresa Provincial de energía no debe ser ajustar las tarifas sino sanear su administración, porque ningún incremento en el cambio tarifario será suficiente para paliar el déficit si antes no se resuelven las deficiencias acumuladas durante los últimos años de gestión.

Antes de pensar en un incremento en las tarifas, Secheep debe presentar un plan para eliminar el enorme caudal de energía que se pierde por hurto o deficiencias en el sistema. Debería tener un plan para optimizar éste y otros tantos aspectos del servicio, sin embargo, el primero y único resorte al que apela es el bolsillo de los chaqueños.

Los usuarios no sólo deben conocer cuánto cuesta la energía que se distribuye en la provincia y cuánto percibe la empresa en concepto de facturación, sino en qué y de qué manera se invierten esos ingresos y se trabaja para minimizar los costos y maximizar el resultado de la ecuación.

En reiteradas oportunidades se apeló al esfuerzo de los consumidores para equilibrar los balances de la empresa, como en la creación de nuevos cargos fijos y variables. Pero, a pesar del sacrificio hecho por cada familia en toda la geografía provincial, el servicio siguió empeorando y la deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) no sólo no se redujo sino que sigue creciendo y ya asciende a 900 millones de pesos.

Ahora el Gobierno vuelve a la carga ocultando las razones del nuevo aumento que todo indica que ya está decidido. Y ésta es la razón por la que se llamó a una audiencia pública “virtual”, de la que muy pocos podrán participar, contradiciendo el verdadero espíritu del instituto, que es discutir con los sectores interesados y hacer partícipes a estos de las decisiones administrativas más trascendentes.

La audiencia fue convocada en la ciudad de Campo Largo, a 214 kilómetros del Gran Resistencia, el mayor centro poblado de la provincia y, por ende, donde se concentra el mayor número de usuarios interesados en el tema del debate. Pero, además, se realizará en día hábil y horario laboral, por lo que ni siquiera podrán asistir quienes se encuentren cerca.

Por esto, en mi carácter de defensor del Pueblo adjunto, propuse al defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, que en cumplimiento de su rol solicite a las autoridades la reprogramación de la audiencia, y que ésta sea extendida al Gran Resistencia y a las ciudades cabeceras de departamentos o, en su defecto, en la mayor cantidad de ciudades posibles.

Advirtiendo que el Poder Ejecutivo no oculta su interés en definir prácticamente de manera unilateral la cuestión, solicité al Defensor del Pueblo que impugnara la convocatoria exigiendo que se cumplan las condiciones necesarias para garantizar una masiva participación.

Busco con esto que el derecho de los ciudadanos a intervenir en esta instancia fundamental y plantear su postura, no se vea condicionado. El instituto audiencia pública tiene un fundamento que sólo se puede cumplir si los responsables de ponerlo en práctica lo dotan del carácter democrático que le corresponde y todos merecemos.

Pero, aún cuando se convoque francamente a los usuarios del servicio de energía eléctrica, la discusión no debe enfocarse en cuánto deben aumentar las tarifas, sino en qué medidas deben adoptarse para resolver definitivamente la crisis de Secheep y para eso hacen falta transparencia, honestidad y decisión política. Mientras eso no suceda, no encuentro ninguna razón que avale un aumento.”

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