El STJ pedirá juicio político para el juez Juárez investigado por estafas inmobiliarias

El magistrado es observado por su presunta participación en una red pergeñada para apropiarse indebidamente de inmuebles, acreditando derechos con documentación apócrifa. Por la causa fueron detenidos un empresario y un abogado.

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El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia instruyó al procurador general Jorge Canteros a denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento al juez Civil y Comercial N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, Pedro Alejandro Juárez, al considerar que están fundadas las irregularidades que se le achacan en una serie de causas por presuntas estafas por la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles y automotores.

La conducta que se le reprocha al juez Juárez quedó a la luz en la investigación que lleva adelante la fiscal Liliana Luppi, que entiende en una causa por presunta estafa, en la que ya están detenidos el empresario Carlos Sáez y el abogado Pablo García.

Este caso se inició tras la denuncia de Graciela Núñez, damnificada por la presunta venta del inmueble que ocupa desde hace décadas en el centro de Sáenz Peña, y cuya titularidad fuera adjudicada a Sáez, que acreditó un boleto de compra-venta fechado varios años después de la muerte de sus propietarios, cuyas firmas también aparecen estampadas en el documento. Ese expediente, había sido iniciado por García ante el juzgado de Juárez.

En el marco de esta investigación, se realizaron varios allanamientos, en domicilios particulares, en estudios jurídicos, dependencias judiciales y en la Dirección de Catastro, de donde se cree que pudo haberse obtenido información que permitió identificar propiedades “vulnerables”.

Lo que dice el STJ

Por resolución Nº 1154 de fecha 6 de septiembre del corriente año, el Superior Tribunal de Justicia resolvió encomendar al señor Procurador General  de la provincia que efectúe formal acusación contra el señor juez del juzgado Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Pedro Alejandro Juárez, ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En los considerandos del decisorio se consigna textualmente, entre otros puntos, lo siguiente: “analizadas las presentes actuaciones, los fundamentos vertidos por la Sra. Instructora, en la clausura de la Instrucción y la opinión del señor Procurador General indicando que existen elementos de convicción, los cuales justificarían la acusación, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 9 inciso i), 10 inc. B) y 11 inc. b), todos de la Ley Nº 188, corresponde; encomendar al señor Procurador General de la Provincia del Chaco, a que la efectúe ante el Jurado de Enjuiciamiento, conforme lo establece el art. 12 de la ley precedentemente citada”.

La resolución lleva la firma de los ministros María Luisa Lucas (presidenta del STJ), Emilia Valle y Alberto Mario Modi. Dado que los ministros Isabel Grillo y Rolando Toledo solicitaron su apartamiento por ser integrantes del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento (titular y suplente, respectivamente), en pos de la garantía de juez natural, independiente e imparcial (artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 8 inciso 1 de la CADH y artículo 20 de la Constitución Provincial).

 

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