Sánchez quiere destituir a María Luisa Lucas por la acordada que desató los juicios contra el Estado

El diputado peronista dijo que planteará la idea en el bloque oficialista. Dijo que la acordada de 1991 “fue una irresponsabilidad absoluta”. Por esto, cree que la única sobreviviente de aquella medida merece el juicio político.

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María Luisa Lucas, en diciembre pasado, al asumir la titularidad del Poder Judicial del Chaco, en un acto del que también participó el gobernador Domingo Peppo | Jorge Tello

El diputado provincial justicialista, Ricardo Sánchez, defendió la modalidad de pago propuesta por el Poder Ejecutivo para los funcionarios y trabajadores judiciales que tienen sentencia firme en los juicios contra el Estado por haber sido soslayados de una recomposición salarial violando la “ley de enganche”, en noviembre de 1991, al final del gobierno del peronista Danilo Baroni.

Para el legislador, “es imposible hacer frente a las demandas con 1800 millones de pesos de crédito cuando estas rondan los 2200 o 2300 millones. Así defendió en Radio Provincia del Chaco las quitas propuestas por el gobernador Domingo Peppo a quienes pretendan percibir de manera “anticipada”, y rechacen hacerlo hasta en diez años.

Para los demandantes, la quita que calculan podría alcanzar al 50 por ciento en el caso de sentencias abonadas en un solo pago, es absolutamente confiscatorio e inconstitucional, y ya adelantaron que iniciarán demandas contra el ministro de Hacienda y Finanzas, Cristian Ocampo; el ministro de Gobierno, Juan José Bergia; y contra el mismo gobernador Domingo Peppo.

Ricardo Sánchez pidió hacer un repaso de cómo arribamos a esta situación. “Hay que evaluar la cantidad de gobernadores que pasaron y recién Domingo Peppo es quien, medianamente, ofrece una solución”, dijo.

Para el diputado peronista, que cumple su cuarto mandato consecutivo, la acordada del Superior Tribunal de Justicia que en 1991 que dispuso una recomposición salarial para funcionarios y magistrados pasando por alto la ley de enganche, “fue de una irresponsabilidad total”.

“Me aumento el 115 por ciento mis haberes y me olvido de la ley de enganche”, interpretó que fue el pensamiento de los ministros del STJ de entonces: Aquiles Hernán Sotelo, Juan del Carmen Cima, Guillermo Mendoza, María Luisa Lucas y Héctor David Toledo, aunque éste último había planteado su disidencia.

“Por supuesto que fue un acto de absoluta irresponsabilidad, porque hoy esos 1800 millones nos servifía para construir las viviendas que están paradas esperando que a Macri se le ocurra ver cómo las reactiva”, dijo.

“Culpa de la decisión de esos cinco, que se pusieron de acuerdo y firmaron, hoy todos los chaqueños nos tenemos que endeudar en 1800 millones y ni así solucionamos el problema”, insistió.

Por esto, Ricardo Sánchez cree que la presidente del Superior Tribunal de Justicia, María Luisa Lucas, la única sobreviviente de aquella conformación, es pasible de juicio político. “Por supuesto que es algo que vamos a plantear en el bloque”, dijo cuando le preguntaron si haría la denuncia formal contra la jueza.

Y, al margen, dijo suspicazmente: “Veremos cómo resuelve el Poder Judicial los planteos de inconstitucionalidad que se presentaron contra las medidas que adoptamos para proteger las cuentas del Estado”.

 

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