Retiro voluntario: Sánchez confía en que la ley despierte interés en los trabajadores

El Gobierno aspira a que uno de cada diez empleados públicos opte por retirarse, y así acotar la masa salarial. Para el Gobernador, el Estado está “superpoblado”.

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La Cámara de Diputados aprobó en su última sesión la Ley de Retiro Voluntario para trabajadores de la administración pública, con el voto del oficialismo y la abstención de varios legisladores opositores.

Con la puesta en vigor de la ley, el gobernador Domingo Peppo aspira a reducir en aproximadamente un 10 por ciento la planta de personal en diversos estamentos del Estado, que considera “superpoblado”.

El diputado peronista Ricardo Sánchez destacó el valor de la “herramienta” que entiende que reportará beneficios no sólo a las arcas de la Provincia, sino también a los trabajadores que opten por el retiro.

“La norma es importante para el sector de los trabajadores estatales e involucra, por un lado a la administración central, todo lo concerniente al Poder Ejecutivo; y también a la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Defensoría del Pueblo; y organismos como Colonización, el Instituto de Cultura, el Insssep y Lotería Chaqueña”, repasó Sánchez.

A la par, Sánchez apuntó que “es una muy buena ley ya que permitirá acceder al retiro con 16 años de aportes, sin límite de edad; pero también podrá acogerse quien cuente con 10 años de aportes con una edad de 41 años. Sobre esta base, comienza un porcentaje que, con 16 años de aportes y hasta 40 años de edad, percibirá un 45 por ciento, mientras en casos de agentes de más de 50 años, con 26 años de aporte, ese porcentaje trepa al 80.

El diputado destacó que, aunque el trabajador perciba una fracción del salario que le correspondería en actividad, los aportes patronales serán del 100 por ciento, por lo que su jubilación no sufrirá mermas.

El personal del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de las fuerzas de seguridad y docentes, no están comprendidos en esta norma, y serán contemplados en leyes específicas que se pretende abordar en breve.

El Estado podrá denegar el retiro voluntario si el trabajador no pudiera ser reemplazado o cumpliera funciones esenciales. Y en caso de aceptar la solicitud, emitirá una “preliquidación” y el interesado tendrá cinco días para ratificar o rectificar su decisión.

 

 

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