Reciclada: la nueva Policía es la vieja Policía

554

Por Darío Zarco |

Ganó Romero.

El exjefe de la Policía del Chaco: Fernando Romero, le mojó la oreja, primero, y después le torció el brazo al gobernador Jorge Capitanich. Fue apremio.

La madrugada del 31 de mayo una comisión de la Tercera de Fontana “reventó” una casa del barrio Bandera Argentina y detuvo a trompadas y patadas a 2 hombres y 2 mujeres, una de ellas menor de edad, acusados de cascotear la comisaría. 4 de ellos fueron identificados en un video.

Por mucho menos otro gobernador hubiera echado a los policías con jefe y todo, pero Capitanich dudó hasta que la violencia institucional chaqueña volvió a ser noticia nacional. Reaccionó 2 días tarde. Debió ser el primero pero fue el último en despegarse de los violentos.

Del manual de la democracia: expresó su repudio y mandó a la ministra de Seguridad y Justicia: Gloria Zalazar, a sentarse junto al jefe de Policía, anunciar que ya fueron separados del cargo y a prometer castigar la mano dura con una mano más dura.

Mientras, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituía en querellante contra los 4 del video, bajándole el precio a la violencia institucional, como si se tratara de un hecho absolutamente aislado e inédito.

Pero el “querellantismo” olvida que el jefe natural de la Policía es el gobernador y, como tal, es jefe de Romero y de los 4 policías violentos. Nadie puede constituirse en querellante contra sí mismo; el Estado tampoco. Sin embargo el Estado que pone y saca jueces sí.

La violencia del operativo de Fontana es imputable a los 4 policías, la de la Policía a Romero, y la del Estado a Capitanich. Por eso, para no asumir su parte, el Gobernador reaccionó exclusivamente contra los perejiles, y eximió a Romero, y así le fue.

Iniciadas las instancias administrativa y judicial, los policías fueron suspendidos en sus funciones y detenidos. Una vez liberados, correspondía su reincorporación con los márgenes disciplinarios impuestos por la Justicia y el sumario interno.

Romero pasó a segundo plano la violencia y resolvió la reincorporación inmediata pero Capitanich se opuso. A destiempo. Lo madrugó el comisario que levantó antes la bandera del buen jefe que cumple la ley y se pone al frente.

Otra vez con un delay de 2 días, aceptó la renuncia de la cúpula y designó como nuevo jefe de la Policía al viejo jefe de la Policía. Volvió a nombrar a Ariel Acuña, que últimamente servía como subsecretario de Inteligencia Criminal de su gabinete.

Repasando: en octubre de 2015 la muerte del dirigente social Ángel Verón por los golpes recibidos durante la represión policial en la ruta 11 empujó del cargo al ministro de Seguridad: Javier Oteo, al secretario de Seguridad: Marcelo Churín, y al jefe de la Policía: Gustavo Peña.

“Lo que pretendemos es que nadie ponga en duda el buen nombre y honor de los funcionarios”, dijo Capitanich al aceptar las renuncias y designar como jefe al subjefe Ariel Acuña, que se entendía que también debía irse pero se quedó.

El 12 de diciembre pasado Domingo Peppo lo ratificó y volvió a tomarle juramento. Y en febrero de 2019 lo remplazó por Fernando Romero que venía de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde el nivel de criminalidad parecía no tener techo.

La gestión de Romero pudo haber pasado sin pena ni gloria, pero Capitanich le sirvió el poder político en bandeja. Le dio la posibilidad de presentar su renuncia y argumentarla con una serie de condiciones; le abrió la puerta grande de par en par.

Tras el juramento, prometió que el Acuña 2020 trae una Policía democrática y blablablá, con la misma cara con la que recientemente anunció la Defensoría del Policía, contracara de la querella del propio Estado. Traducido: su propia “teoría de los 2 demonios”, uno de cada lado del mostrador.

No es magia

En 2014 el vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff, entonces a cargo de la Gobernación, denunció que el 65 por ciento de los aspirantes que reunieron los requisitos de la Escuela de Policía tenían antecedentes penales y que la mayoría entraba por acomodo.

Llevamos 6 años esperando una purga. A esta altura la mayoría ya ascendió y está dando órdenes.

Un reflejo de esa estadística es la cantidad de sumariados y procesados. Romero blanqueó que más de 900 de los 7 mil y pico de policías están en las mismas condiciones que los 4 de Fontana y que “si medimos a todos con la misma vara nos quedamos sin seguridad”.

¿Cuántos de los 900 denunciados fueron reincorporados por el ex y actual jefe Acuña sin tantos peros? ¿Cómo hará el Gobernador para “cuidar a los chaqueños” con el 13 por ciento de los cuidadores imputados por algún delito?

Malas noticias

Acuña fue el jefe más reticente a dar respuestas a la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos (creada justamente por un fallo internacional por la violencia policial en el Caso Greco). Y ni hablar de suspensiones y/o detenciones.

De yapa, el incremento del plus para los policías por su servicio durante la pandemia pretendió ser el “pan bajo el brazo” que compense el parto prematuro del reciclado jefe Acuña, pero la tropa también se lo atribuyó al ya insigne exjefe Romero.

Izquierda o derecha

No tener pulso para trazar los límites tiene consecuencias. Capitanich ya sufrió ese temblequeo cuando intentó estrenar la Ley de Seguridad Democrática nombrando un civil al frente de la Policía y terminó con un comisario en un cargo político.

La historia se repite. Antes del Caso Fontana el problema del Gobierno era la Policía. Ahora el problema de la Policía es el Gobierno. Por eso, para refinanciar este costo político inesperado, encomendó a Acuña reparar adentro su imagen a nuevo.

Mientras, afuera su suerte se bambolea de izquierda a derecha entre “los derechos humanos de los delincuentes” y el “Coqui basura, vos sos la dictadura” siempre en la punta de la lengua.

 

Comentarios

comentarios