Nuevo tope: ningún empleado o funcionario público cobrará más de 100 mil pesos

El Gobernador ya remitió a la Legislatura el proyecto para ponerle techo de 10 sueldos mínimos a remuneraciones de activos y pasivos. El tope de 12 salarios mínimos había sido eliminado en 2016.

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El gobernador Domingo Peppo y el ministro Cristian Ocampo proponen destinar el ahorro a asistencia alimentaria.

El gobernador Domingo Peppo presentó el proyecto de ley para reinstaurar por un año el tope a los haberes de los trabajadores estatales que estaba comprendido en el artículo 136 de la ley 4044, que fuera derogado por la ley 7820 en 2016.

La derogación se dio a instancias del propio Insssep, que acumulaba sentencias adversas por demandas de agentes jubilados que acudieron a la Justicia al considerar vulnerados sus derechos.

Sin embargo, el Gobierno retrocedió al no poder revertir el déficit previsional del Instituto que, según analizó el ministro de Hacienda Cristian Ocampo, en gran medida se debe a los exorbitantes salarios que abona a los trabajadores pasivos. Y otro tanto ocurre con los pasivos.

Según Ocampo, 630 agentes activos y pasivos se llevan 160 millones de pesos por mes de las arcas del Estado en concepto de salario. Además, había planteado ya la vuelta del tope y la necesidad de “estudiar el tema de la edad” jubilatoria.

Por esto, el Gobernador decidió imponer nuevamente un techo a los sueldos, pero de los 12 salarios mensuales que definía la ley 4044, pasó a 10. Así, ningún trabajador, ni activo ni pasivo, podrá cobrar más de 100 mil pesos, considerando que a partir de julio  el salario mínimo vital y móvil es de 10 mil pesos.

“Ante la difícil situación económica de empleo y trabajo por la que se encuentra atravesando la provincia y que es producto de un contexto nacional complejo, es que tomamos la decisión de impulsar esta ley para crear un fondo que solvente programas alimentarios”, fundamentó Peppo, y aseguró: “Con mucho esfuerzo buscamos optimizar nuestros recursos para concretar acciones direccionadas a mejorar la calidad de vida de los menos beneficiados”.

Para eso propone destinar la diferencia de haberes que resulte de la aplicación de la ley, a la creación de un Fondo de Seguridad Alimentaria administrado por el Ministerio de Desarrollo Social, para asistir a familias en situación de vulnerabilidad.

Todo esto, explica, está en marcado en la ley de Emergencia Económica y Financiera aprobada tras la asunción de Domingo Peppo y que fue prorrogada semestralmente y está garantizada hasta el 31 de diciembre de este año.

La norma, si se aprobara, alcanzará a personal y funcionarios de la administración central del Poder Ejecutivo, organismos autárquicos y descentralizados, Dirección General de Finanzas, Contaduría General, Tesorería General, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sameep, Secheep, Ecom Chaco SA. E invitará a los Poderes Legislativos y Judicial a adherirse.

 

 

 

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